Un magistrado de la Ciudad de México liberó al hombre acusado de secuestrar y agredir a su ex pareja argentina, quien lo responsabilizó por la seguridad de ella, su hijo y su equipo legal.
Un magistrado de la Ciudad de México liberó al hombre acusado de secuestrar y agredir a su ex pareja argentina, quien lo responsabilizó por la seguridad de ella, su hijo y su equipo legal.
La liberación de Salvador Zubirán Rabay fue ordenada por el magistrado Javier Raúl Ayala Casillas, quien integra la Séptima Sala Penal de la Ciudad de México. El caso, que había tomado notoriedad pública, derivó en un fallo que revirtió el proceso que lo mantenía detenido. La denunciante, Priscila Sand, había acusado a Salvador de los delitos de secuestro, abuso y violencia familiar.
A través de un mensaje público difundido en sus redes sociales, la mujer expresó su indignación y temor tras la decisión judicial. En su declaración, afirmó que el fallo deja a su hijo y a ella “atrapados en el miedo” y sentenció que un sistema que debería protegerlas termina siendo “cómplice de nuestro dolor”. La mujer también enfatizó en la responsabilidad directa de las personas implicadas en caso de que les suceda algo.
El caso de la ciudadana argentina se había hecho público meses atrás, cuando se conoció que Salvador estaba siendo procesado por el secuestro de la mujer. La víctima había logrado escapar y, con el apoyo de las autoridades, se activó una alerta de búsqueda para capturar al hombre. Su detención y posterior procesamiento generaron expectativa sobre el curso de la justicia en el caso.
El fallo del magistrado Ayala Casillas pone de manifiesto una decisión que, si bien es legal, ha generado polémica por sus implicancias para la seguridad de la víctima. La resolución judicial plantea un debate sobre los criterios del sistema judicial en casos de violencia de género y la protección de las mujeres en un contexto de denuncias.
Este caso ejemplifica los desafíos que enfrentan las instituciones mexicanas para equilibrar el respeto a los derechos humanos y la seguridad pública, en un contexto donde la violencia de género sigue siendo una realidad alarmante.
El Ministerio de Economía recaudó más de 1.300 millones de dólares en abril mediante bonos locales. Estos fondos fortalecen las reservas del Tesoro para cancelar intereses con el FMI y preparar el pago de vencimientos por 4.300 millones en julio.
José López declarará hoy ante el tribunal por la causa Cuadernos tras ser trasladado desde prisión. El exfuncionario kirchnerista, condenado por los bolsos del convento, romperá el silencio de los arrepentidos para detallar el presunto esquema de recaudación en obras públicas.
La CGT se movilizará a Plaza de Mayo por el Día del Trabajador, rindiendo tributo al Papa Francisco y criticando el ajuste oficial. Bajo presión de sectores internos que exigen mayor dureza, la central analiza un inminente paro general.
El juicio por la muerte de Maradona analiza un audio inédito de Verónica Ojeda sobre su internación. La audiencia incluye el testimonio del médico que realizó RCP y la indagatoria del psicólogo Carlos Díaz, acusado de aislar al exfutbolista en Tigre.
Estados Unidos acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y a otros funcionarios de colaborar con el Cartel de Sinaloa. La denuncia de Washington por narcopolítica tensa la relación con México, mientras la oposición exige renuncias ante los graves cargos.
La Global Sumud denunció que embarcaciones militares israelíes interceptaron su flotilla humanitaria cerca de Creta. Mediante tácticas de intimidación y bloqueos de comunicación, las fuerzas de Israel impidieron el avance de los 58 barcos que intentaban romper el cerco en Gaza.
El gobierno ruso confirmó el miércoles su intención de continuar formando parte de la alianza de productores de crudo conocida como OPEP+, desestimando cualquier posibilidad de seguir los pasos de Abu Dabi. A través de su vocero oficial, Dmitri Peskov, la administración de Vladímir Putin expresó que la reciente determinación de los Emiratos Árabes Unidos …
La Corte Suprema estadounidense analiza si el gobierno de Trump puede eliminar el TPS para 360.000 haitianos y sirios. El fallo sentará un precedente sobre la facultad presidencial para revocar este amparo migratorio, tras cuestionamientos judiciales a la seguridad nacional.
