Un magistrado de la Ciudad de México liberó al hombre acusado de secuestrar y agredir a su ex pareja argentina, quien lo responsabilizó por la seguridad de ella, su hijo y su equipo legal.
Un magistrado de la Ciudad de México liberó al hombre acusado de secuestrar y agredir a su ex pareja argentina, quien lo responsabilizó por la seguridad de ella, su hijo y su equipo legal.

La liberación de Salvador Zubirán Rabay fue ordenada por el magistrado Javier Raúl Ayala Casillas, quien integra la Séptima Sala Penal de la Ciudad de México. El caso, que había tomado notoriedad pública, derivó en un fallo que revirtió el proceso que lo mantenía detenido. La denunciante, Priscila Sand, había acusado a Salvador de los delitos de secuestro, abuso y violencia familiar.
A través de un mensaje público difundido en sus redes sociales, la mujer expresó su indignación y temor tras la decisión judicial. En su declaración, afirmó que el fallo deja a su hijo y a ella “atrapados en el miedo” y sentenció que un sistema que debería protegerlas termina siendo “cómplice de nuestro dolor”. La mujer también enfatizó en la responsabilidad directa de las personas implicadas en caso de que les suceda algo.
El caso de la ciudadana argentina se había hecho público meses atrás, cuando se conoció que Salvador estaba siendo procesado por el secuestro de la mujer. La víctima había logrado escapar y, con el apoyo de las autoridades, se activó una alerta de búsqueda para capturar al hombre. Su detención y posterior procesamiento generaron expectativa sobre el curso de la justicia en el caso.

El fallo del magistrado Ayala Casillas pone de manifiesto una decisión que, si bien es legal, ha generado polémica por sus implicancias para la seguridad de la víctima. La resolución judicial plantea un debate sobre los criterios del sistema judicial en casos de violencia de género y la protección de las mujeres en un contexto de denuncias.
Este caso ejemplifica los desafíos que enfrentan las instituciones mexicanas para equilibrar el respeto a los derechos humanos y la seguridad pública, en un contexto donde la violencia de género sigue siendo una realidad alarmante.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, detalló que las acciones alcanzaron a extranjeros con antecedentes penales, pedidos de captura y situaciones irregulares, mediante un incremento de controles biométricos en puntos fronterizos y operativos urbanos en el país.
Ante reiteradas amenazas de muerte recibidas en Instagram, el analista Gastón Trezeguet acudió a la Justicia. La Fiscalía Número 5 inició una investigación y la Policía de la Ciudad tramitó un dispositivo de seguridad para el panelista.
Shaun Evans, integrante del equipo VAR, explicó que se trató de un tic involuntario y el organismo no encontró pruebas para sancionarlo, pese al fuerte reclamo de Fare Network.
En medio de la tensa interna justicialista, la diputada Berenice Iañez cuestionó el liderazgo de Cristina Kirchner desde su residencia porteña. El espacio de Axel Kicillof busca renovar la doctrina del PJ, provocando el inmediato rechazo de La Cámpora.
Por decisión unánime del Primer Panel del Tribunal Supremo, el excongresista enfrentará cuatro años de cárcel por coordinar sanciones en el extranjero contra magistrados brasileños, buscando liberar a Jair Bolsonaro de su sentencia por intento de golpe.
Robert Kuzovkov, caricaturista refugiado desde 2021, falleció tras recibir cinco disparos en la ciudad de Biała Podlaska. Investigadores polacos detuvieron a dos ciudadanos bielorrusos y manejan la hipótesis de una ejecución por motivos políticos.
Pablo Moyano rompió el silencio en una cumbre sindical, dio por fracasadas las vías institucionales de la CGT y reclamó volver a las calles para enfrentar la reforma laboral del Gobierno.
Un sargento de la Policía Bonaerense falleció tras recibir un disparo en la cabeza durante un operativo contra el narcomenudeo en un descampado de la localidad. Hay tres sospechosos aprehendidos y la Justicia investiga la procedencia del proyectil.