Un magistrado de la Ciudad de México liberó al hombre acusado de secuestrar y agredir a su ex pareja argentina, quien lo responsabilizó por la seguridad de ella, su hijo y su equipo legal.
Un magistrado de la Ciudad de México liberó al hombre acusado de secuestrar y agredir a su ex pareja argentina, quien lo responsabilizó por la seguridad de ella, su hijo y su equipo legal.
La liberación de Salvador Zubirán Rabay fue ordenada por el magistrado Javier Raúl Ayala Casillas, quien integra la Séptima Sala Penal de la Ciudad de México. El caso, que había tomado notoriedad pública, derivó en un fallo que revirtió el proceso que lo mantenía detenido. La denunciante, Priscila Sand, había acusado a Salvador de los delitos de secuestro, abuso y violencia familiar.
A través de un mensaje público difundido en sus redes sociales, la mujer expresó su indignación y temor tras la decisión judicial. En su declaración, afirmó que el fallo deja a su hijo y a ella “atrapados en el miedo” y sentenció que un sistema que debería protegerlas termina siendo “cómplice de nuestro dolor”. La mujer también enfatizó en la responsabilidad directa de las personas implicadas en caso de que les suceda algo.
El caso de la ciudadana argentina se había hecho público meses atrás, cuando se conoció que Salvador estaba siendo procesado por el secuestro de la mujer. La víctima había logrado escapar y, con el apoyo de las autoridades, se activó una alerta de búsqueda para capturar al hombre. Su detención y posterior procesamiento generaron expectativa sobre el curso de la justicia en el caso.
El fallo del magistrado Ayala Casillas pone de manifiesto una decisión que, si bien es legal, ha generado polémica por sus implicancias para la seguridad de la víctima. La resolución judicial plantea un debate sobre los criterios del sistema judicial en casos de violencia de género y la protección de las mujeres en un contexto de denuncias.
Este caso ejemplifica los desafíos que enfrentan las instituciones mexicanas para equilibrar el respeto a los derechos humanos y la seguridad pública, en un contexto donde la violencia de género sigue siendo una realidad alarmante.
Lo hizo a través de una carta dirigida al Ministerio de Economía, en la cual también solicitó “el mismo trato que agroexportadoras, petroleras y mineras”.
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