Un tribunal federal de San Francisco condenó a Google a pagar 425 millones de dólares por recopilar datos personales de casi 100 millones de usuarios sin su consentimiento, según confirmaron fuentes judiciales esta semana.
Un tribunal federal de San Francisco condenó a Google a pagar 425 millones de dólares por recopilar datos personales de casi 100 millones de usuarios sin su consentimiento, según confirmaron fuentes judiciales esta semana.
La demanda colectiva, iniciada en 2020, acusó a la empresa de tecnología de seguir recolectando información incluso después de que los usuarios desactivaran explícitamente el rastreo en sus dispositivos móviles. La recopilación de datos se realizó a través de aplicaciones de terceros, como Uber o Instagram, que transferían información a Google sin la autorización necesaria.
Los abogados de los demandantes alegaron que estas prácticas constituyen una “interceptación ilegal” de la actividad privada de los consumidores en sus teléfonos inteligentes. En defensa, Google sostuvo que los usuarios aceptan la transferencia de datos al aceptar los términos de servicio y que la recopilación era necesaria para mantener el rendimiento y seguridad del sistema operativo Android.
El jurado determinó que la empresa violó la privacidad de los usuarios al mantener la recolección activa, imponiendo la multa más alta hasta ahora en un caso de este tipo en Estados Unidos. Esta resolución llega en un contexto de creciente escrutinio global sobre la gestión de datos personales por parte de grandes compañías tecnológicas.
La condena representa un precedente en la protección de la privacidad digital, aunque Google adelantó que apelará la sentencia. Este caso coincide además con sanciones recientes en Europa, donde la empresa también enfrenta multas por prácticas similares de publicidad sin consentimiento.
Esta sentencia marca un hito en la regulación del uso de datos personales por parte de grandes empresas tecnológicas y será seguido con atención por reguladores, usuarios y el sector privado a nivel global. Nuevas decisiones en esta materia podrían redefinir las prácticas de privacidad digital y la responsabilidad corporativa en los próximos años. La evolución del debate continúa y su desarrollo impactará importantes aspectos del entorno digital y la confianza del consumidor
El jefe de Gabinete expuso ante Diputados con Milei, Karina, Caputo y Pettovello en los palcos. Un diputado llevó pochoclos, Bregman increpó al Presidente y el peronismo eligió el silencio. Adorni evitó hablar de las denuncias sobre su patrimonio.
Con un incremento promedio del 5,4%, el transporte en el AMBA vuelve a actualizarse. El boleto mínimo en Ciudad costará $753, mientras que en Provincia superará los $918. El subte también sube y los peajes en horarios pico llegarán a los $6.121.
El CEO de Tesla testificó ante la justicia federal y lanzó duras críticas contra la alianza con Microsoft. Aseguró que la transición lucrativa de la empresa “saquea” los cimientos de la caridad en Estados Unidos.
El jefe de Gabinete Manuel Adorni brinda este miércoles su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados. La exposición se da en medio de una investigación judicial sobre su patrimonio. Milei llegó al Congreso en señal de respaldo.
El delantero paraguayo pidió perdón tras su expulsión ante Cruzeiro. La roja de Ostojich condicionó el partido y cortó el invicto de Boca en Brasil.
Chantal “Tati” Leclercq fue la primera en entrar al departamento de Alejandro Zalazar. Las cámaras la filmaron manipulando el celular del médico y retirándose con una desconocida que cargaba una tablet. Ahora, la Justicia la imputa por el robo de drogas en el Hospital Rivadavia.
Antes de su presentación ante la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete envió un informe con 2.151 respuestas. El funcionario calificó de “confidencial” parte de su patrimonio, negó contrataciones directas con el periodista Marcelo Grandio y admitió que aún no presentó la declaración jurada por su nuevo cargo.
Con la consigna de “no despedir”, el Palacio de Hacienda aplicará una poda del 2% en gastos corrientes y del 20% en capital. El desplome de la recaudación y las leyes universitarias y de discapacidad fuerzan al Gobierno a endurecer el torniquete fiscal.
