El kirchnerismo y bloques opositores exigen la remoción del diputado, en medio del debate por el presupuesto 2026 y las acusaciones vinculadas a Fred Machado.
El kirchnerismo y bloques opositores exigen la remoción del diputado, en medio del debate por el presupuesto 2026 y las acusaciones vinculadas a Fred Machado.
El debate por el presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados comenzó envuelto en una fuerte tensión política tras el pedido de varios bloques de oposición para que José Luis Espert abandone la presidencia de la Comisión de Presupuesto. La exigencia surge en medio de denuncias sobre sus presuntos vínculos con el empresario Fred Machado, condenado por narcotráfico en Estados Unidos y solicitado en extradición.
Durante la reunión de esta comisión, que contó con la presencia del propio Espert, el jefe de la bancada kirchnerista, Germán Martínez, calificó de “inentendible” que el diputado siga al frente de la comisión y exigió su remoción inmediata. La cuestión no solo involucró posturas duras de la oposición sino también un fuerte respaldo del oficialismo, que defiende a Espert y busca centrar el debate exclusivamente en el presupuesto.
Espert, quien lidera la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, enfrenta además la presión de la ministra de Seguridad y candidata Patricia Bullrich, quien pidió explicaciones sobre las acusaciones y no descartó que pueda declinar su candidatura si la situación no se aclara pronto.
Entre las denuncias que ahondan la polémica, se encuentra un documento judicial de Estados Unidos donde se menciona un supuesto giro de 200 mil dólares a Espert proveniente de actividades ilícitas relacionadas con Machado. Aunque el economista negó haber recibido dicha suma y afirmó que todo forma parte de una “operación” política, la controversia sigue abierta y tensiona aún más el debate legislativo.
Mientras la oposición acumula firmas para desplazar a Espert —a solo dos votos de lograrlo en la comisión—, la agenda política se complejiza en un clima de gran incertidumbre y desafíos para el oficialismo, que busca aprobar el presupuesto en un contexto electoral muy complejo.
El Gobierno nacional suprimió por decreto las impugnaciones administrativas previas para elegir jueces de la Corte Suprema, concentrando el filtro en el Senado. Desde la asesoría presidencial defendieron la medida ante las críticas opositoras por la pérdida del cupo de género.
Morales Solá destaca que el logro de Milei de bajar el riesgo país y la inflación es opacado por la crisis de Adorni y el debilitamiento de Trump, su aliado clave, tras un cuestionado acuerdo con Irán.
La Justicia de Córdoba agravó la imputación contra Claudio Barrelier a homicidio triplemente calificado por el femicidio de Agostina Vega, de 14 años. El acusado se negó a declarar, mientras se investiga la participación de dos presuntos encubridores.
Sindicatos y empresas agroexportadoras siguen sin acordar la paritaria aceitera ante el inminente vencimiento de la conciliación obligatoria. Los gremios exigen elevar el sueldo inicial a 2,8 millones de pesos, rechazando la indexación mensual por inflación que ofrece la cámara empresaria.
Organizaciones de la Iglesia católica solicitaron al Congreso rechazar el proyecto oficial sobre propiedad privada, alertando que facilita la extranjerización de tierras y recursos hídricos. Advirtieron que la iniciativa fomenta la especulación inmobiliaria y perjudica el acceso a la vivienda.
El FBI desarticuló un complot de extrema derecha para atacar con drones y francotiradores la Casa Blanca durante el cumpleaños de Donald Trump. Hay cinco detenidos y la investigación continúa para capturar a más sospechosos que permanecen prófugos.
Clínicas privadas de todo el país suspenderán la asignación de turnos a afiliados del PAMI por deudas estatales y aranceles desactualizados. La medida, que podría extenderse a cirugías programadas, expone las tensiones presupuestarias y fiscales del Gobierno nacional.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó un nuevo estado de excepción por 60 días en diez provincias debido a la violencia narco. La medida militariza las calles y suspende garantías constitucionales, generando alertas en organismos de derechos humanos.
