La ANMAT prohibió el uso y comercialización de los jabones líquidos KEEPER y SWELL en todo el país. La medida se debe a que las empresas carecen de habilitación sanitaria para producir y los productos son considerados cosméticos ilegítimos.
La ANMAT prohibió el uso y comercialización de los jabones líquidos KEEPER y SWELL en todo el país. La medida se debe a que las empresas carecen de habilitación sanitaria para producir y los productos son considerados cosméticos ilegítimos.
Las resoluciones, publicadas este viernes en el Boletín Oficial, buscan proteger la salud pública ante la incertidumbre sobre la seguridad y composición de los productos.
La autoridad sanitaria, bajo la firma de su titular Nélida Agustina Bisio, determinó que ninguno de los establecimientos responsables de la fabricación de los jabones líquidos contaba con la autorización de la ANMAT para la elaboración de productos cosméticos.
Marca KEEPER: la Disposición 8780/2025 restringió el producto “Jabón líquido, KEEPER”, fabricado por Keperchem SRL. La Dirección de Evaluación y Gestión del Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS) constató que el establecimiento no tenía la habilitación pertinente para operar.
Marca SWELL: la Disposición 8789/2025 prohibió el producto rotulado como “Jabón líquido para manos marca ‘SWELL’”, elaborado por Grupo Jac SA. La ANMAT verificó que la firma carecía de la habilitación para cosméticos y que el producto no estaba inscripto en la base de datos oficial.
La ANMAT fundamentó la prohibición en el riesgo potencial para los consumidores. El organismo considera que al tratarse de productos “cosméticos ilegítimos” y no inscriptos, “no es posible brindar garantías acerca de su eficacia, seguridad o formulación con ingredientes permitidos para su uso”.
La medida aplica para todo el país, incluyendo la prohibición de su comercialización, publicidad y publicación en plataformas de venta en línea. La Dirección de Evaluación y Gestión del Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS) fue la encargada de iniciar la investigación y solicitar la restricción de las firmas.
La Legislatura de Santa Cruz aprobó restituir a Eduardo Sosa como jefe de fiscales, revirtiendo su destitución de 1995 bajo el gobierno de Néstor Kirchner. El gobernador Claudio Vidal celebró la medida como una reparación histórica ante fallos incumplidos.
La Corte Suprema ratificó la condena a cuatro años de prisión para el empresario Juan Carlos Lascurain por malversar fondos destinados a una ruta en Santa Cruz. La fiscalía solicitó su inmediata detención tras quedar firme el fallo por peculado.
El PRO criticó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por sus contradicciones ante la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El partido exigió transparencia para cuidar el cambio y sus senadores reclamaron que el funcionario rinda cuentas en el Congreso.
El Banco Mundial redujo al 2,2% su previsión de crecimiento para Latinoamérica debido a la debilidad global y la crisis energética en Medio Oriente. El informe advierte sobre presiones inflacionarias, informalidad laboral y una recuperación paulatina hacia las próximas temporadas.
Estados Unidos sancionó a la petrolera estatal cubana CUPET, bloqueando sus operaciones financieras por acusaciones de control social y uso militar del crudo. Cuba rechazó la medida, calificándola de cerco económico basado en mentiras impulsadas por intereses electorales de Washington.
Colectivos antimundialistas, estudiantes y docentes se enfrentaron con la policía fuera del Estadio Azteca durante el partido inaugural del Mundial. Los disturbios, motivados por reclamos sociales y de seguridad, dejaron múltiples lesionados y tres detenidos en la capital mexicana.
El ministro de Defensa británico, John Healey, renunció por desacuerdos presupuestarios con el primer ministro Keir Starmer. Su salida, seguida por otras bajas en la cartera, debilita al gobierno laborista a días de una elección legislativa clave.
Venezuela otorgó una licencia a la empresa británica Shell para explotar y exportar gas en el campo Loran, inactivo por 23 años. La medida, enmarcada en una reforma legal tras cambios políticos, busca frenar pérdidas económicas y daños ambientales.
