Argentina rechazó la autorización británica a dos empresas para explotar petróleo en el yacimiento Sea Lion de Malvinas. La Cancillería calificó la acción como ilegítima y unilateral. El Gobierno anticipó que tomará medidas legales y sanciones contra cualquier empresa que participe en el proyecto.
El gobierno de la República Argentina manifestó este jueves su enérgico rechazo a la reciente autorización otorgada por autoridades del Reino Unido para la explotación de hidrocarburos en el yacimiento “Sea Lion”, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. El proyecto involucra a las firmas Rockhopper Exploration Plc (británica) y Navitas Petroleum Development and Production Limited (israelí).
La Cancillería argentina dejó claro que esta iniciativa, al no contar con la aprobación de ninguna autoridad del Estado nacional, se considera una “acción unilateral e ilegítima del Reino Unido”
El Ejecutivo argentino anticipó que “profundizará su plan de acción” y tomará “todas las medidas adicionales, de conformidad con el derecho internacional”, que sean necesarias para proteger sus derechos e intereses soberanos sobre la zona.
En este sentido, el Gobierno advirtió que no reconocerá la “competencia ni jurisdicción” de ninguna autoridad que no sea argentina para habilitar actividades relacionadas con hidrocarburos en las áreas en disputa. Por ello, cualquier entidad que participe en el proyecto de exploración y explotación petrolera queda expuesta a severas consecuencias legales y administrativas, incluyendo:
Sanciones y restricciones operativas.
Inhabilitaciones.
Acciones legales en jurisdicciones tanto nacionales como internacionales.
“La República Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, enfatizó la administración nacional.
A través de un comunicado oficial, la diplomacia argentina argumentó que la decisión británica de explotar recursos naturales no renovables de forma unilateral en áreas sujetas a controversia de soberanía es una violación flagrante del derecho internacional.
Se citó específicamente la Resolución 2065 (XX) y sus concordantes de la Asamblea General de las Naciones Unidas, las cuales exigen a ambos países reanudar las negociaciones para encontrar una solución pacífica al conflicto. También se invocó la Resolución 31/49, que demanda a las partes abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación de las islas mientras persista el proceso de negociación.
El rechazo gubernamental no se limita a la explotación, sino que se extiende a “la adopción de pretendidas normativas isleñas, las concesiones de explotación en la plataforma continental argentina, la contratación de proveedores de servicios, y toda otra medida o decisión asociada” a las actividades ilegales en la plataforma continental próxima a las Islas Malvinas. El Gobierno concluyó que los anuncios de las empresas petroleras “constituyen un nuevo acto unilateral de efectos futuros potencialmente irreversibles”, dada la naturaleza no renovable del recurso.
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