Los resultados de los peritajes toxicológicos confirmaron que tanto el conductor de la camioneta como el del vehículo tipo UTV circulaban con niveles de alcohol en sangre por encima de lo permitido. El hallazgo cambia drásticamente la situación procesal de los imputados y agrava la carátula de la causa que investiga el siniestro en Dolores.
El caso que mantiene en vilo a la provincia de Buenos Aires ha tomado un rumbo de extrema gravedad judicial. Este lunes, los laboratorios periciales de la ciudad de Dolores entregaron los resultados de los análisis de sangre realizados tras el choque que dejó al pequeño Bastian, de apenas 10 años, en estado crítico. Los datos son concluyentes: ambos protagonistas del siniestro arrojaron resultados positivos en el test de alcoholemia, lo que desmorona cualquier hipótesis de un accidente meramente fortuito y coloca a la negligencia y la irresponsabilidad como los ejes centrales del expediente.
La confirmación del estado de intoxicación de los conductores implica una modificación inmediata en la calificación legal del hecho. La fiscalía, que hasta ahora trabajaba bajo la figura de lesiones culposas, se encamina a aplicar los agravantes previstos en el Código Penal para los delitos viales. Al existir consumo de sustancias previo al impacto, la escala penal se eleva significativamente, eliminando en la práctica la posibilidad de una pena de ejecución condicional. Para el derecho penal argentino, conducir bajo los efectos del alcohol en un siniestro con heridos de gravedad es una conducta que roza el dolo eventual, dado que el autor debió representarse el daño que podía causar.
Mientras la batalla judicial se recrudece, el foco humano sigue puesto en la recuperación de Bastian. El niño, que ya fue sometido a seis complejas intervenciones quirúrgicas, continúa peleando por su vida en una unidad de cuidados intensivos. La noticia de la alcoholemia positiva ha generado una profunda indignación en la comunidad de Dolores, que se ha movilizado en apoyo a la familia. Para la querella, este resultado es la pieza que faltaba para demostrar que no hubo un error de cálculo, sino un desprecio absoluto por la vida ajena al momento de ponerse al volante en una zona urbana de alto tránsito.
La defensa de los imputados, por su parte, intentará cuestionar la cadena de custodia de las muestras o la calibración de los equipos utilizados, una estrategia habitual en casos de esta relevancia. Sin embargo, para los peritos oficiales, la evidencia científica es robusta y las muestras se obtuvieron dentro de los plazos técnicos que garantizan su validez. Este caso se perfila como un “leading case” en la región, donde la presión social exige que la justicia sea ejemplar frente a la creciente ola de violencia vial que empaña la temporada estival.
En conclusión, el caso Bastian entra en una fase de definiciones donde la ciencia ha hablado con claridad. El consumo de alcohol al volante ya no es una falta administrativa, sino el cimiento de una imputación penal severa que podría derivar en detenciones efectivas en el corto plazo. Para un público que demanda seguridad y justicia, este episodio es un recordatorio trágico de las consecuencias de la imprudencia. La mirada de la sociedad argentina está ahora sobre los tribunales de Dolores, esperando que la sanción legal esté a la altura del incalculable daño sufrido por un niño y su familia.
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