Grupos civiles presentaron dos denuncias de destitución contra la vicepresidenta filipina por presunta corrupción y malversación de fondos públicos. El proceso ocurre en un clima de fractura política total entre la funcionaria y el presidente Ferdinand Marcos Jr.
La Cámara de Representantes recibió este lunes dos denuncias verificadas contra la vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte. El bloque militante Makabayan y organizaciones de la sociedad civil oficializaron los pedidos de juicio político (impeachment) tras acusarla de traición a la confianza pública y uso indebido de recursos estatales. Las presentaciones se realizaron de manera sucesiva ante la secretaría general del cuerpo legislativo.
El núcleo de la acusación señala el presunto manejo irregular de 612,5 millones de pesos correspondientes a fondos confidenciales. Asimismo, los denunciantes incluyeron testimonios que vinculan el financiamiento de su campaña electoral de 2022 con operaciones de juegos de azar ilegales y narcotráfico. Estas afirmaciones se basan en declaraciones filtradas de Ramil Madriaga, exoficial de inteligencia de la administración anterior.
Michael Poa, abogado de la funcionaria, manifestó que el nuevo desafío legal no fue una sorpresa para el equipo de la vicepresidenta. El defensor aseguró que están preparados para responder a los cargos mediante los procesos constitucionales establecidos. Duterte ya había superado un intento de destitución previo en 2025, el cual fue invalidado por la Corte Suprema debido a vicios de inconstitucionalidad en su trámite.
El escenario para un juicio político es hoy más complejo que en años anteriores. La senadora Risa Hontiveros advirtió que las nuevas reglas procedimentales fijadas por el Tribunal Supremo dificultan el avance de la causa. Además, tras los recientes comicios de mitad de período, el Senado —que actúa como jurado en estos casos— cuenta con una mayor presencia de legisladores afines a la familia Duterte.
Esta crisis política coincide con el inicio de audiencias públicas en el Congreso sobre denuncias presentadas contra el presidente Ferdinand Marcos Jr. La disputa marca el fin de la coalición gobernante y el inicio de una carrera anticipada hacia las elecciones presidenciales de 2028. Mientras Duterte se proyecta como aspirante al cargo, el mandatario actual no cuenta con posibilidad de reelección por mandato constitucional.
La oficina de comunicaciones de la presidencia evitó intervenir de forma directa en el conflicto. Mediante un comunicado, el Ejecutivo señaló que la decisión final recae en el Poder Legislativo y que se respetará el estado de derecho durante las investigaciones. Para que el juicio avance, los denunciantes deberán obtener el respaldo de al menos un tercio de los miembros de la Cámara de Representantes.
¿Lograrán las instituciones filipinas procesar estas denuncias con transparencia o prevalecerá el estancamiento político derivado de la confrontación entre las dos familias más poderosas del país?
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