La Justicia ordenó suspender toda actividad de vehículos en “La Frontera” tras el grave accidente de un menor. El fallo exige seguridad real sobre la especulación privada.
La Justicia ordenó suspender toda actividad de vehículos en “La Frontera” tras el grave accidente de un menor. El fallo exige seguridad real sobre la especulación privada.
En un fallo que pone en jaque la histórica permisividad sobre las playas del norte de Pinamar, la Justicia bonaerense dictó una medida cautelar que prohíbe de forma inmediata cualquier actividad recreativa o competitiva con vehículos motorizados en el sector de “La Frontera”. La resolución, impulsada por el Juzgado en lo Civil y Comercial N°4 de Dolores, surge como respuesta urgente ante la falta de garantías de seguridad en un área donde camionetas 4×4, UTV y cuatriciclos conviven peligrosamente con familias y peatones. El detonante final fue el caso de Bastián Jerez, un niño de ocho años que hoy lucha por su vida tras un violento choque en los médanos.
La decisión del juez Félix Adrián Ferrán es tajante: la prohibición no se levantará hasta que el municipio de Pinamar diseñe y ejecute un plan de control efectivo que incluya señalización, delimitación de zonas y presencia permanente de inspectores. El fallo desestima el argumento recurrente de la intendencia, que intentó eludir su responsabilidad alegando que se trata de un predio privado. Para el magistrado, el poder de policía local es inalienable cuando está en juego la integridad física de los ciudadanos, subrayando que la mera aplicación de multas ha demostrado ser una herramienta insuficiente para prevenir muertes.
El trasfondo de esta medida revela una problemática cultural y estatal que se arrastra hace décadas. “La Frontera” se ha consolidado como un espacio de maniobras riesgosas y picadas clandestinas sin supervisión, amparado en una zona de grises legales. El fallo se apoya en el principio de prevención del daño, una doctrina jurídica que obliga al Estado a actuar antes de que ocurran consecuencias irreversibles. La Justicia entiende que la recurrencia de siniestros graves en la zona ya no permite la omisión ni la pasividad administrativa bajo la excusa de la propiedad de la tierra.
Mientras se notificaba esta orden con habilitación de días y horas inhábiles por su urgencia, en Mar del Plata la realidad golpea con dureza: Bastián Jerez enfrenta su séptima intervención quirúrgica. El pequeño, que sufrió heridas críticas al chocar el UTV en el que viajaba contra una camioneta, permanece en estado reservado a la espera de un posible traslado al Hospital Garrahan. Su situación es el recordatorio más amargo de un sistema que, hasta hoy, privilegió el esparcimiento motorizado sin límites por encima de la protección de la vida en el espacio público.
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