El Gobierno enviará al Congreso el pacto Mercosur-UE para su ratificación en sesiones extraordinarias. Javier Milei busca que Argentina lidere la validación regional del acuerdo, apostando a que la Comisión Europea inicie su aplicación provisional pese a las demoras judiciales en Bruselas.
El Poder Ejecutivo nacional se encuentra en la etapa final de revisión del tratado de libre comercio con la Unión Europea para formalizar su ingreso al Congreso. Tras recibir las certificaciones correspondientes el último fin de semana, el texto está bajo el análisis de la Secretaría de Legal y Técnica. La intención de Javier Milei es que este proyecto se convierta en uno de los pilares de las sesiones extraordinarias, buscando que Argentina sea el primer socio regional en ratificar un entendimiento que tardó más de dos décadas en concretarse.
Este miércoles, la cúpula política del Gobierno definirá la hoja de ruta para el debate en las cámaras. La estrategia preliminar contempla que el acuerdo ingrese por la Cámara de Diputados, funcionando como un complemento a la agenda de reformas laborales y penales que ya circula por el Senado. El oficialismo confía en que, al tratarse de una política de Estado que atravesó múltiples gestiones, el consenso será amplio, permitiendo optimizar el ajustado calendario legislativo de febrero.
La ratificación argentina es vista como una llave estratégica frente a la burocracia de Bruselas. Si bien el Parlamento Europeo enfrenta frenos judiciales, la normativa permite que la Comisión Europea aplique el convenio de forma provisional una vez que un país del Mercosur le dé fuerza de ley. El pacto promete eliminar gravámenes para casi la totalidad de las ventas externas sudamericanas, facilitando a cambio el ingreso de capitales y tecnología europea, un intercambio que el Gobierno considera vital para la reactivación económica.
Pese al optimismo oficial, sectores de la oposición han manifestado su rechazo, argumentando que el tratado podría comprometer el crecimiento industrial a largo plazo. No obstante, desde el entorno presidencial minimizan estas objeciones y destacan la sintonía con Brasil, donde el presidente Lula da Silva también ha movilizado el proyecto en su parlamento. Con la firma de Asunción aún reciente, el bloque regional presiona para que el acuerdo entre en vigencia administrativa lo antes posible, independientemente de los fallos pendientes en los tribunales del viejo continente.
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