El juez federal Sebastián Casanello rechazó el pedido de devolución del dinero secuestrado al ex titular del organismo. La fiscalía argumentó que los fondos deben quedar a resguardo para garantizar posibles reparaciones económicas y multas en el marco de la investigación por presuntos sobreprecios y sobornos.
La situación judicial de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), sumó un nuevo revés este viernes. El magistrado Sebastián Casanello denegó la restitución de 80.000 dólares y 2.000 euros que habían sido incautados en el domicilio del ex funcionario durante los allanamientos realizados por la causa que investiga una presunta red de corrupción en la compra de medicamentos de alto costo.
La defensa de Spagnuolo, abogado vinculado al entorno presidencial antes de su paso por la función pública, había solicitado la devolución alegando que el dinero permanecía en una caja de seguridad sin movimientos desde abril de 2023. Según los abogados, esto probaría que los fondos son lícitos y previos a su designación al frente de ANDIS. Sin embargo, el fiscal Franco Picardi se opuso con firmeza, señalando la complejidad de la red criminal investigada y la necesidad de asegurar activos ante eventuales penas pecuniarias o decomisos.
El expediente, que cuenta con dieciséis imputados, se disparó tras la difusión de una serie de audios en los que Spagnuolo presuntamente admitía el pago de sobornos y sobreprecios en contrataciones con droguerías. La defensa ha centrado su estrategia en desacreditar estas pruebas, afirmando que fueron fabricadas mediante inteligencia artificial. Si bien un peritaje oficial previo mostró “incertidumbre” sobre su origen, la Cámara Federal ordenó nuevas medidas técnicas para determinar si los registros fueron editados.
La hipótesis del Ministerio Público señala que existió una organización ilícita dedicada a direccionar compras millonarias de medicamentos, manipulando para ello el sistema informático de la Agencia. En este esquema habrían colaborado diversas droguerías que se beneficiaron con contratos inflados. Por este motivo, Casanello consideró prematuro devolver el dinero, ya que podría ser considerado instrumento o producto del delito bajo investigación.
Tras el rechazo del juez de primera instancia, la defensa de Spagnuolo ya apeló la decisión. Ahora, será la Cámara Federal la encargada de resolver si el ex funcionario puede recuperar sus ahorros o si estos deben permanecer bajo custodia judicial hasta que la instrucción avance hacia el juicio oral. Mientras tanto, la agrupación Poder Ciudadano, que actúa como querellante, acompaña el pedido de la fiscalía para profundizar el peritaje sobre los dispositivos electrónicos secuestrados.
El caso ANDIS representa uno de los desafíos judiciales más sensibles para la gestión actual, dado el perfil del principal acusado. La resolución final sobre la autenticidad de los audios será la pieza clave que determine si la causa se encamina a una elevación a juicio o si, como sostiene la defensa, se trata de una maniobra de desprestigio basada en tecnologías digitales avanzadas.
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