El Gobierno retiró de Diputados su proyecto de reforma penal tras la falta de consenso por bajar la imputabilidad a 13 años. La propuesta, que asigna 23.700 millones de pesos para su ejecución, será renegociada para fijar el límite en 14 años.
El Gobierno retiró de Diputados su proyecto de reforma penal tras la falta de consenso por bajar la imputabilidad a 13 años. La propuesta, que asigna 23.700 millones de pesos para su ejecución, será renegociada para fijar el límite en 14 años.
La administración central protagonizó una jornada de marchas y contramarchas legislativas al ingresar y, poco después, dar de baja la propuesta de reforma del sistema punitivo juvenil en la Cámara Baja. El conflicto principal radicó en la pretensión oficial de establecer el límite de responsabilidad penal en los 13 años, una cifra que carece de consenso entre las fuerzas políticas aliadas. Ante la falta de apoyo, la Casa Rosada optó por retirar el pliego para ajustarlo a un esquema de 14 años, buscando así una aprobación más ágil mediante un acuerdo previo con otros bloques parlamentarios.
Una de las grandes novedades de esta versión, a diferencia de los intentos fallidos del ciclo anterior, fue la inclusión de una partida financiera específica para su puesta en marcha. El cálculo gubernamental estima una inversión superior a los 23.700 millones de pesos, distribuidos entre la cartera de Justicia y la Defensoría General de la Nación. Esta transparencia en los fondos intenta blindar la norma frente a posibles vetos o frenos por falta de financiamiento, un argumento que el Ejecutivo ha utilizado recientemente para neutralizar otras leyes de impacto social y educativo.
El texto modificado que se discutirá próximamente contempla un techo de 15 años de cárcel para adolescentes, descartando de plano las penas perpetuas. Asimismo, la normativa prioriza medidas alternativas a la reclusión, reservando la privación de la libertad únicamente para incidentes de extrema gravedad o violencia. En paralelo, surge un reclamo desde las provincias y sectores opositores para delimitar claramente las responsabilidades económicas entre Nación y los gobernadores, especialmente en lo referido a las reformas edilicias necesarias para garantizar centros de detención diferenciados y programas de salud y educación.
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