El Gobierno retiró de Diputados su proyecto de reforma penal tras la falta de consenso por bajar la imputabilidad a 13 años. La propuesta, que asigna 23.700 millones de pesos para su ejecución, será renegociada para fijar el límite en 14 años.
El Gobierno retiró de Diputados su proyecto de reforma penal tras la falta de consenso por bajar la imputabilidad a 13 años. La propuesta, que asigna 23.700 millones de pesos para su ejecución, será renegociada para fijar el límite en 14 años.
La administración central protagonizó una jornada de marchas y contramarchas legislativas al ingresar y, poco después, dar de baja la propuesta de reforma del sistema punitivo juvenil en la Cámara Baja. El conflicto principal radicó en la pretensión oficial de establecer el límite de responsabilidad penal en los 13 años, una cifra que carece de consenso entre las fuerzas políticas aliadas. Ante la falta de apoyo, la Casa Rosada optó por retirar el pliego para ajustarlo a un esquema de 14 años, buscando así una aprobación más ágil mediante un acuerdo previo con otros bloques parlamentarios.
Una de las grandes novedades de esta versión, a diferencia de los intentos fallidos del ciclo anterior, fue la inclusión de una partida financiera específica para su puesta en marcha. El cálculo gubernamental estima una inversión superior a los 23.700 millones de pesos, distribuidos entre la cartera de Justicia y la Defensoría General de la Nación. Esta transparencia en los fondos intenta blindar la norma frente a posibles vetos o frenos por falta de financiamiento, un argumento que el Ejecutivo ha utilizado recientemente para neutralizar otras leyes de impacto social y educativo.
El texto modificado que se discutirá próximamente contempla un techo de 15 años de cárcel para adolescentes, descartando de plano las penas perpetuas. Asimismo, la normativa prioriza medidas alternativas a la reclusión, reservando la privación de la libertad únicamente para incidentes de extrema gravedad o violencia. En paralelo, surge un reclamo desde las provincias y sectores opositores para delimitar claramente las responsabilidades económicas entre Nación y los gobernadores, especialmente en lo referido a las reformas edilicias necesarias para garantizar centros de detención diferenciados y programas de salud y educación.
Elon Musk testificó contra OpenAI, acusándola de traicionar su fin altruista para priorizar ganancias con Microsoft. El magnate advirtió que una inteligencia artificial descontrolada podría ser destructiva y exigió que la firma retome su espíritu filantrópico por el bien común.
Las Américas enfrentan una crisis sanitaria por la caída en la vacunación, provocando rebrotes de sarampión y tos convulsa. Expertos instan a recuperar coberturas superiores al 95% y adoptar innovaciones médicas para frenar enfermedades prevenibles ante el aumento de movilidad internacional.
Anant Ambani, multimillonario indio, propuso rescatar a 80 hipopótamos de Pablo Escobar para evitar su sacrificio en Colombia. El magnate busca trasladarlos a su centro de conservación Vantara, ofreciendo una alternativa humanitaria frente al plan de eutanasia gubernamental.
El Gobierno desembolsará 72 mil millones de pesos en mayo para cumplir con el programa “Volver al Trabajo” tras un fallo judicial. Aunque apeló la medida, Capital Humano acatará el pago, lamentando que la orden frene su reforma del sistema asistencial.
Las ventas de combustibles cayeron un 1,8% anual en marzo, impulsadas por el alza de precios global. YPF fue la única petrolera que creció, mientras el consumo de naftas para uso particular lideró el retroceso frente al sector productivo.
La conducción nacional del PJ sesiona tras meses de inactividad, centrando su agenda en el reclamo por la libertad de Cristina Kirchner. El encuentro abordará intervenciones partidarias en el norte y profundiza la interna con Kicillof ante el nuevo escenario.
El Gobierno licitará la concesión de AySA para recaudar USD 500 millones destinados al pago de deuda. El proceso durará tres meses, exigirá solvencia técnica y mantendrá el esquema tarifario regulado bajo control estatal hasta su revisión integral en 2027.
La UIA alertó sobre el posible desabastecimiento de gas y los elevados costos energéticos que amenazan la producción industrial este invierno. Pese a un leve repunte mensual en marzo, el sector acumula una caída trimestral y reclama previsibilidad ante la crisis.
