Agostina Páez lleva semanas en un encierro forzado en Río de Janeiro con tobillera electrónica. La justicia brasileña trata el caso como una bandera contra la impunidad racial y el Ministerio Público se opone a que regrese al país.
Agostina Páez lleva semanas en un encierro forzado en Río de Janeiro con tobillera electrónica. La justicia brasileña trata el caso como una bandera contra la impunidad racial y el Ministerio Público se opone a que regrese al país.
Lo que empezó como unas vacaciones en Río de Janeiro se convirtió en una pesadilla judicial sin fecha de cierre. Agostina Páez, abogada santiagueña de 29 años, lleva semanas recluida en un sector periférico de la ciudad brasileña, con tobillera electrónica y movimientos al mínimo indispensable, a la espera de que la justicia defina si puede regresar a la Argentina para enfrentar el proceso desde suelo argentino.
El hecho y sus consecuencias
El 14 de enero, en un bar de Ipanema, Páez fue acusada de realizar gestos que imitaban a un mono frente al personal del establecimiento —cuatro empleados distintos— y de llamar “mono” a una de las cajeras. Según la acusación del Ministerio Público de Río de Janeiro, la conducta se repitió incluso después de que una de las víctimas le advirtiera que ese comportamiento era un delito en Brasil. Una de las amigas que acompañaba a Páez intentó detenerla, detalle que para la fiscalía demuestra que había plena conciencia de lo que estaba haciendo.
En Brasil, desde la sanción de la Ley 14.532 en 2023, bajo la gestión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, la injuria racial fue equiparada al delito de racismo: un crimen imprescriptible, sin derecho a fianza, con penas de entre 2 y 5 años de reclusión más multas económicas. Antes de obtener la prisión domiciliaria, Páez estuvo detenida en una unidad penitenciaria durante casi 48 horas a principios de febrero.
Un estado psicológico crítico
Su defensa describe su situación como de “vulnerabilidad psicológica crítica”. “Está asustada, nerviosa y con mucho miedo. Hay una situación de encierro que impacta en su psiquis”, describió Carla Junqueira, la abogada brasileña que lidera la estrategia de relaciones gubernamentales e internacionales de la defensa.
La red de contención de Páez en Brasil se reduce a una amiga carioca de origen afrodescendiente que le lleva víveres y la asiste en lo cotidiano. Su padre y su hermana ya regresaron a la Argentina tras un breve encuentro en suelo brasileño.
La batalla judicial y diplomática
Esta semana el caso entró en una fase determinante. El Ministerio Público se manifestó formalmente en contra de que Páez pueda seguir el proceso desde Argentina, lo que representa un revés significativo para la defensa. Ahora la decisión queda en manos del Juzgado Penal 37 de Río de Janeiro, que debe resolver si habilita un mecanismo de cooperación internacional o mantiene a la argentina en Brasil hasta la sentencia. El expediente tramita bajo secreto de justicia.
Desde la Cancillería argentina, fuentes consultadas confirmaron que el consulado en Río viene acompañando a Páez desde el primer momento y le brindó el soporte institucional habitual para ciudadanos argentinos con inconvenientes en el exterior. Sin embargo, la defensa necesita algo más: que el Gobierno nacional intervenga activamente para conseguir el traslado.
La versión de Páez
Desde su entorno, la abogada ensaya una explicación que combina arrepentimiento con la sensación de haber sido víctima de una trampa. Según relata a sus allegados, los gestos fueron una reacción “abrupta” ante lo que consideró una estafa del bar y una agresión previa por su condición de extranjera. Sin embargo, la acusación fiscal presenta una secuencia mucho más persistente y sostenida que dificulta esa lectura.
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