El Gobierno inicia privatización total de Intercargo 

Licitación pública nacional e internacional abre el proceso de venta de la empresa de asistencia en tierra por un precio base de US$ 45.120.000. El pliego exige al comprador garantizar la operatividad en 16 aeropuertos.

El Gobierno lanzó la licitación para vender Intercargo. Foto: NA.

El Ministerio de Economía de la Nación publicó la Resolución 282/2026 que pone en marcha la privatización de Intercargo. La normativa establece las bases para la venta de la compañía que operó el monopolio del servicio de asistencia en tierra durante tres décadas. Según la tasación efectuada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), el precio base para las ofertas se fijó en US$ 45.120.000.

Dicho monto supera los US$ 30.000.000 proyectados inicialmente por consultoras privadas. Fuentes oficiales justificaron la cifra en la rentabilidad reciente de la firma, que registró un saldo positivo de $30.000 millones en el último trimestre de 2025.

Asimismo, influyó la vigencia de contratos de exclusividad en el segmento de aviación militar, que se mantendrán hasta que se complete la transferencia accionaria.

Condiciones y plazos del proceso

La licitación pública, de carácter nacional e internacional, contempla la venta de 3.050.000 acciones ordinarias. Este esquema representa la salida total del Estado Nacional de la composición societaria, sin reserva de acciones ni participación en el directorio. Los interesados podrán presentar sus propuestas a través de la plataforma oficial de contrataciones hasta el 7 de mayo de 2026.

El pliego de condiciones incorporó una cláusula de protección de la conectividad aérea denominada “Período de Transición”. El adjudicatario deberá garantizar la prestación del servicio en las 16 escalas donde opera actualmente por un lapso mínimo de 180 días hábiles. En caso de decidir el retiro de algún aeropuerto, la empresa tendrá que notificar a la autoridad aeronáutica con 60 días de antelación.

Impacto en el sector aerocomercial

La desregulación iniciada en 2025 permitió el ingreso de 11 nuevos prestadores, aunque Intercargo conserva el despliegue de infraestructura más extenso del país. La empresa cuenta con una nómina superior a los 1.500 empleados, cuyos gremios manifestaron oposición a la política de apertura sectorial durante el último año.

Expertos del sector advirtieron sobre la complejidad de las cláusulas de indemnidad presentes en el documento. El texto prevé que el comprador asuma los pasivos existentes, aunque remite a documentación complementaria para conocer el detalle de las deudas. Para evitar la integración vertical, el Gobierno prohibió la participación de líneas aéreas y concesionarios aeroportuarios en la puja.

El traspaso de la compañía forma parte del plan de reforma del Estado iniciado con la Ley Bases. La Secretaría de Transporte indicó que el objetivo es modernizar el equipamiento rampa mediante inversión privada y reducir los costos operativos.

No obstante, el éxito de la operación dependerá de la respuesta del mercado ante un precio base que el sector considera elevado.

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