Conservadores y extrema derecha ratifican reglamento de retornos para agilizar expulsiones mediante centros en terceros países. La medida, rechazada por España, permite detenciones de hasta 24 meses y afectará a familias con menores.
Conservadores y extrema derecha ratifican reglamento de retornos para agilizar expulsiones mediante centros en terceros países. La medida, rechazada por España, permite detenciones de hasta 24 meses y afectará a familias con menores.
El Parlamento Europeo validó este jueves el endurecimiento del Reglamento de Retornos, una normativa clave que redefine la política migratoria de la Unión Europea (UE). Con 389 votos a favor, 206 en contra y 32 abstenciones, la Eurocámara aprobó la creación de centros de deportación fuera del territorio comunitario, conocidos formalmente como “hubs” de retorno.
La votación consolidó una alianza entre el Partido Popular Europeo (PPE) y las formaciones de derecha y extrema derecha, incluyendo a Conservadores y Reformistas (ECR) y Patriotas por Europa.
Este bloque superó la oposición de socialistas, liberales y verdes, quienes denunciaron la ruptura del “cordón sanitario” político en Bruselas. La nueva norma busca elevar la tasa de devoluciones efectivas, que actualmente se sitúa en el 20% de las órdenes emitidas.
La principal innovación del texto es la cobertura legal para trasladar a migrantes con orden de expulsión a centros en países no pertenecientes a la UE. Esta estrategia sigue el esquema implementado por Italia en Albania durante el año 2024, el cual enfrentó diversos bloqueos judiciales. Según lo aprobado, estos centros podrán albergar a familias con hijos, quedando excluidos únicamente los menores no acompañados.
El eurodiputado del Partido Popular, Javier Zarzalejos, defendió la medida como una herramienta necesaria para una política migratoria vinculada al mercado de trabajo. Por su parte, Jorge Buxadé, jefe de la delegación de Vox, calificó el avance como un éxito hacia la “reemigración”.
En contraste, organizaciones civiles como Picum advirtieron sobre la normalización de abusos y la posibilidad de detenciones masivas similares a las de agencias migratorias en Estados Unidos.
El reglamento introduce obligaciones estrictas de cooperación para los inmigrantes. El incumplimiento de estas directrices o el riesgo de fuga permitirán la detención de las personas por un periodo inicial de 12 meses, prorrogables por otros 12.
Además, se eliminan factores como los lazos familiares o ciertas enfermedades como motivos automáticos para aplazar una deportación.
Aquellos individuos considerados un riesgo para la seguridad pública podrán ser recluidos en instalaciones penitenciarias, bajo un régimen de separación de los presos comunes. El texto también contempla prohibiciones de entrada al territorio europeo de por vida en casos de especial gravedad o falta reiterada de cooperación con las autoridades.
España se mantiene como uno de los principales opositores a este modelo. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya había manifestado dudas jurídicas y económicas sobre estos centros en diciembre de 2025.
El Gobierno español sostiene que estas medidas podrían tensionar las relaciones con los países de origen y tránsito, esenciales para el control migratorio en la frontera sur.
La aprobación de este jueves inicia la fase de negociación entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo para definir el texto final. Se espera que el proceso sea ágil, dado que el Pacto Europeo de Migración y Asilo entrará en vigor de forma total a mediados de junio.
El nuevo marco regulatorio plantea un cambio de paradigma en la gestión de fronteras europeas. ¿Lograrán estos centros externos aumentar la eficacia de las expulsiones o se convertirán en nuevos focos de litigio jurídico por los derechos humanos?
La poda presupuestaria afecta áreas críticas como la provisión de medicamentos oncológicos, el programa Remediar y el control de enfermedades zoonóticas. Especialistas advierten sobre consecuencias irreversibles en la población vulnerable, mientras el Ministerio de Salud defiende la medida como una “optimización de gastos”.
La Policía Bonaerense desarticuló una red de distribución de material de abuso sexual infantil tras una alerta internacional del NCMEC. Entre los seis detenidos se encuentra un profesor de 47 años que trabajaba en cuatro escuelas secundarias públicas. En su teléfono hallaron imágenes de sus estudiantes y de su propia hija de cinco años.
El Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la UBA publicó un estudio nacional que muestra un impacto demoledor del escándalo patrimonial del Jefe de Gabinete. El 66% de los encuestados considera que Javier Milei debería echar al funcionario y el 80% cree que el caso daña el discurso “anti-casta” del Gobierno.
El Índice de Precios al Consumidor registró su nivel más bajo desde noviembre, quebrando una racha de diez meses en ascenso. El freno en el precio de los alimentos, la estabilidad del tipo de cambio y la desaceleración de la inflación núcleo son las claves que alimentan el optimismo oficial para el resto del año.
El nuevo esquema “free flow” es automático ya se está instalando en algunos caminos.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado continúa en pleno conflicto con organismos de control.
Jorge Macri obtuvo la ampliación del presupuesto porteño tras acordar con los libertarios el apoyo al RIGI y al RIMI local. Mediante abstenciones estratégicas y ajustes impositivos, el oficialismo garantizó fondos para salarios y servicios públicos frente al desfasaje inflacionario.
El Gobierno nacional anunció la venta del 90% de AySA para atraer operadores privados con capacidad técnica y financiera. La licitación, que busca recaudar 500 millones de dólares, prioriza la expansión de infraestructura y el fin del manejo político estatal.
