La hija del conductor Jorge Rial reconoció su participación en tres robos agravados tras firmar un juicio abreviado en San Isidro. El acuerdo, que espera la homologación de la jueza María Coelho, establece que la imputada cumplirá la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria.
El Ministerio Público Fiscal y la defensa de Morena Rial sellaron un acuerdo que puso fin a una serie de investigaciones por robos cometidos en la zona norte del Conurbano bonaerense. La influencer admitió su culpabilidad en tres hechos caratulados como robo doblemente agravado por escalamiento, efracción y comisión en banda. Estas acciones delictivas ocurrieron en viviendas ubicadas en Villa Adelina, San Isidro y Castelar, bajo la modalidad conocida como “escruche“.
El fiscal Patricio Ferrari lideró la acusación que inicialmente contemplaba una pena de hasta diez años de prisión. Sin embargo, la aceptación de la responsabilidad penal por parte de la acusada permitió reducir la condena a tres años.
Según voceros judiciales, este pacto evitó el desarrollo de un juicio oral y público, agilizando la resolución de la causa que mantuvo una alta exposición en los medios de comunicación durante los últimos meses.
La magistrada María Coelho, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro, dispone ahora de diez días para ratificar o rechazar los términos del convenio.
De confirmarse la sentencia, la mujer cumplirá la pena en su domicilio con un sistema de monitoreo electrónico. Esta modalidad de arresto domiciliario responde a las características del proceso y a la situación personal de la condenada, quien no cuenta con antecedentes penales previos.
Especialistas en derecho penal indicaron que, una vez cumplidos ocho meses de la condena bajo vigilancia, la defensa estará en condiciones de solicitar la libertad condicional.
Durante este período, la justicia mantendrá el control sobre sus desplazamientos, mientras las víctimas de los ilícitos analizan iniciar demandas civiles para obtener reparaciones económicas por los daños materiales sufridos en sus hogares.
Este procedimiento legal permitió que la justicia cerrara tres expedientes de forma simultánea. El reconocimiento de los hechos por parte de Rial finalizó una etapa de incertidumbre procesal que incluyó múltiples declaraciones ante la Unidad Funcional de Instrucción de Martínez. El caso reabrió el debate sobre la eficacia de los juicios abreviados en delitos contra la propiedad y la percepción de justicia por parte de los damnificados.
La resolución definitiva del tribunal determinará si los términos acordados entre la fiscalía y la defensa se ajustan a derecho. En caso de una negativa por parte de la jueza Coelho, el proceso podría retomar la vía del juicio ordinario. Mientras tanto, el entorno de la joven espera la notificación formal que definirá su situación de libertad en el corto plazo.
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