La justicia define el futuro de Claudio Tapia por una supuesta evasión de 19.300 millones en aportes patronales. Simultáneamente, Casación determinará quién investigará una lujosa mansión de 17 millones de dólares en Pilar, sospechada de pertenecer a testaferros de la AFA.
La Asociación del Fútbol Argentino atraviesa horas críticas en los tribunales federales, donde se dirimen dos expedientes de alto impacto que comprometen a su plana mayor. Por un lado, el Juzgado en lo Penal Económico, bajo la tutela de Diego Amarante, debe resolver la situación procesal de Claudio Tapia y Pablo Toviggino. La investigación se centra en la presunta retención indebida de aportes previsionales y tributos por una cifra cercana a los 19.300 millones de pesos. Aunque desde la entidad deportiva sostienen que las obligaciones fueron canceladas, la justicia evalúa si el cumplimiento tardío exime de responsabilidad penal a los directivos, entre quienes también figuran los dirigentes Víctor Blanco y Cristian Malaspina.
La relación entre el magistrado y el titular de la AFA se ha tensado recientemente debido a las restricciones de salida del país que pesan sobre Tapia. En resoluciones previas, Amarante manifestó suspicacias respecto a las solicitudes de viaje del dirigente, especialmente tras operativos de rescate de figuras oficiales en el exterior que coincidieron con itinerarios solicitados por la defensa. Este clima de confrontación marca el pulso de una causa que podría derivar en procesamientos inminentes para los administradores del predio de Ezeiza.
Paralelamente, la Cámara Federal de Casación Penal celebra este lunes una audiencia clave para determinar qué juzgado quedará a cargo de la investigación sobre una suntuosa propiedad en Villa Rosa. La mansión, tasada en 17 millones de dólares y equipada con helipuerto y haras, figura a nombre de una sociedad integrada por un exdirigente de futsal y su madre jubilada. La fiscalía sospecha que ambos actúan como prestanombres de la cúpula de la AFA, dado que sus perfiles económicos no justifican la adquisición de semejante patrimonio, que incluye además una flota de automóviles de lujo.
El destino del expediente ha rotado por diversos despachos federales, desde Comodoro Py hasta Campana, generando una disputa jurisdiccional que ahora debe zanjar la Sala I del máximo tribunal penal. El proceso no está exento de polémicas políticas: Elisa Carrió, impulsora de la denuncia, ha solicitado el apartamiento de magistrados por supuestos vínculos con el poder político de Santiago del Estero y ha pedido testimonios que vinculen a funcionarios judiciales con celebraciones privadas en el inmueble cuestionado. La resolución de hoy definirá si la causa retorna al fuero penal económico o permanece en la justicia federal de zona norte.
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