Con 129 legisladores presentes, el oficialismo logró dar inicio al debate para sancionar la reforma que otorga facultades a las provincias sobre las zonas periglaciares. La oposición fracasó en su intento de interpelar a Manuel Adorni, pero logró instalar el escándalo patrimonial en el recinto.
Pasadas las 15:00, la Cámara de Diputados logró el número reglamentario para comenzar a tratar la reforma de la Ley de Glaciares. El proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, busca limitar la protección ambiental solo a los cuerpos de hielo que cumplan una “función hídrica efectiva”, un cambio que los sectores ambientalistas denuncian como una “puerta abierta” para la explotación minera indiscriminada.
Las llaves del quórum: El acompañamiento del PRO, la UCR y bloques provinciales de San Juan, Catamarca, Salta y Misiones fue determinante.
Resistencia: Unión por la Patria, el FIT, la Coalición Cívica y el Socialismo no bajaron al recinto, denunciando un “retroceso ambiental histórico”.
El factor Córdoba: El exgobernador Juan Schiaretti se desmarcó del apoyo provincial y adelantó su voto en contra bajo la premisa de que “cuidar el agua es cuidar la vida”.
Antes de entrar de lleno en el articulado de la ley, la oposición utilizó las cuestiones de privilegio para golpear la línea de flotación del Gobierno. La diputada Paula Penacca (UP) solicitó una moción para interpelar de forma inmediata al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por sus recientes escándalos patrimoniales y el uso de vuelos privados.
“Es necesario que el jefe de Gabinete rinda cuentas por sus viajes en jet y sus propiedades sin declarar antes de que venga a dar su informe de gestión”, sentenció Penacca.
Aunque el oficialismo y sus aliados bloquearon el pedido de interpelación directa, quedó claro que la sesión del próximo 29 de abril —cuando Adorni asista a brindar su informe de gestión— será un escenario de confrontación total. Por otro lado, Eduardo Valdés (UP) intentó forzar una declaración de neutralidad argentina ante el conflicto en Medio Oriente, moción que también fue rechazada por la mayoría oficialista.
El eje del proyecto radica en redefinir qué se considera área protegida. La nueva normativa transfiere a las provincias la potestad de decidir sobre sus recursos, permitiendo actividades industriales en zonas que hoy están resguardadas por el Inventario Nacional de Glaciares.
El oficialismo estima contar con más de 135 votos para la sanción definitiva, apoyándose en la necesidad de reactivar inversiones mineras.
A pesar del fuerte operativo de seguridad y las protestas de organizaciones civiles en las afueras del Congreso —que incluyeron intervenciones de Greenpeace en monumentos cercanos—, La Libertad Avanza confía en cerrar la jornada con una victoria legislativa clave para su agenda de desregulación económica.
El Ministerio del Interior aplicó la medida contra individuos de origen extranjero y sus familias tras acusarlos de glorificar actos hostiles. La decisión se fundamenta en la Ley de Nacionalidad por falta de lealtad al Reino.
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