Un tribunal de Damasco inició este domingo la primera audiencia contra el derrocado presidente Bashar al-Assad, su hermano Maher y otros altos cargos del antiguo régimen, en el marco de la justicia transicional. El exjefe de seguridad Atif Najib compareció esposado, mientras los demás fueron citados en ausencia.
El Palacio de Justicia de esta capital se convirtió el reciente domingo en el escenario del primer proceso judicial contra la estructura jerárquica del régimen derrocado. El tribunal inició formalmente el juicio contra Bashar al-Assad, su hermano Maher y otros siete altos mandos, señalados como los responsables de la violencia sistémica que fracturó al país desde marzo de 2011.
La audiencia, presidida por el juez Hassan al-Turba del Cuarto Tribunal Penal, tuvo un contraste marcado: la presencia física del general de brigada Atef Najib, exjefe de Seguridad Política en Daraa, frente al vacío legal de los asientos destinados a los hermanos Assad, actualmente refugiados en Moscú. Najib, capturado en Latakia en enero de 2025, es el primer eslabón de alto rango que comparece con uniforme de prisión ante las nuevas autoridades.
El proceso se centra inicialmente en los sucesos de Daraa, donde la detención y tortura de adolescentes que pintaron consignas contra el gobierno encendieron la guerra civil. Según la Fiscalía, los cargos incluyen asesinato premeditado, tortura y privación de la libertad.
Aunque el gobierno de Ahmed al-Sharaa califica estas sesiones como “justicia transicional“, expertos legales y fuentes del Ministerio de Justicia advierten que el proceso se desarrolla bajo el Código Penal vigente, mientras la Asamblea Popular termina de redactar una legislación específica que incorpore crímenes de guerra y de lesa humanidad.
El magistrado Abdul Razzaq al-Hussein explicó que, pese a las limitaciones actuales, se han utilizado definiciones del Estatuto de Roma para caracterizar los delitos, buscando que las sentencias tengan peso ante organismos internacionales como Interpol. Esta estrategia pretende evitar que los crímenes prescriban y asegurar que las órdenes de arresto contra los prófugos mantengan su vigencia global.
Para las familias de las víctimas, la sesión representó un hito emocional. “Ver al acusado tras las rejas es un triunfo tras 16 años de espera“, declararon asistentes al juicio. La sala contó con la presencia de observadores internacionales y activistas de derechos humanos, quienes vigilan que el proceso cumpla con los estándares de transparencia prometidos por la nueva administración.
El tribunal anunció un receso administrativo y fijó la segunda audiencia para el próximo 10 de mayo, fecha en la que se espera el inicio del desfile de testigos y la presentación de pruebas documentales que vinculen directamente a la cadena de mando con las masacres de 2011.
La apertura de estos expedientes plantea una interrogante fundamental para el futuro de la nación: ¿Podrá el sistema judicial ordinario sirio procesar décadas de atrocidades sin una ley de justicia transicional plenamente sancionada, o se trata de un primer paso simbólico hacia una reforma estructural más profunda?
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