A través de una resolución del Ministerio de Economía, se dejó sin efecto la licitación internacional para contratar la consultoría que debía lanzar el programa. El Palacio de Hacienda argumentó “divergencias estratégicas” y la necesidad de reevaluar la pertinencia operativa del proyecto en medio de las negociaciones con el FMI.
El ambicioso proyecto de la administración de Javier Milei para atraer capitales extranjeros mediante la concesión de la nacionalidad argentina ha quedado en suspenso. El ministro de Economía, Luis Caputo, firmó la resolución que anula el concurso público para el diseño y promoción del Programa de Ciudadanía por Inversión, una iniciativa que buscaba emular sistemas de “pasaportes dorados” vigentes en otros países.
La medida: Se canceló el proceso licitatorio que ya contaba con dictamen de evaluación.
El motivo oficial: Falta de coherencia e “integralidad estratégica” en las ofertas presentadas respecto a los objetivos de la política pública.
El contexto: La decisión coincide con la gira de Caputo en Washington para reunirse con Kristalina Georgieva (FMI) y tras el dato de inflación de marzo (3,4%).
Antecedentes: El programa permitía la naturalización de extranjeros que realizaran una “inversión relevante”, eliminando el requisito de tiempo de residencia previa.
El proceso había atraído a los principales jugadores globales de la industria de movilidad de inversión. Al momento de la apertura de sobres, el Ministerio de Economía recibió propuestas con una brecha económica abismal, lo que habría dificultado la adjudicación:
Asesorías Legal Advisor: Un consorcio internacional que presentó la oferta más baja, de apenas USD 50.000. Había sido la recomendada por el comité evaluador en marzo.
Ancova Associates: Una firma con sede en Dubái que cotizó el servicio en USD 100 millones, enfocada en inversores de élite y planificación fiscal.
Pese a que el comité ya había preseleccionado a Asesorías Legal Advisor y a la reconocida firma Henley & Partners, la Secretaría Legal y Administrativa recomendó dar marcha atrás. El informe técnico final advirtió que las propuestas no aseguraban el grado de articulación requerido para un proyecto de tal complejidad y sensibilidad soberana.
La creación de este sistema se basaba en los decretos 524/2025 y 366/2025, que modificaron la Ley de Ciudadanía para favorecer la “apertura e integración al mundo”. Bajo esta normativa, se creó la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, un organismo descentralizado que debía calificar qué desembolsos eran considerados “relevantes” para emitir la recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones.
Aunque la licitación para la consultoría externa fue frenada, los decretos que habilitan el programa siguen vigentes. Sin embargo, la pausa operativa sugiere que el Gobierno ha decidido priorizar el ordenamiento de las variables macroeconómicas y la relación con los organismos multilaterales antes de avanzar con un sistema que genera interrogantes sobre la seguridad y el control migratorio en el plano internacional.
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