Tras ingresar en concurso preventivo en febrero de 2025, la emblemática cooperativa láctea SanCor admitió la imposibilidad de continuar su operación. La deuda reconocida asciende a US$120 millones, marcando el fin de una era para la industria lechera nacional.
La histórica cooperativa láctea SanCor, con sede central en Sunchales, formalizó ayer por la tarde su pedido de propia quiebra ante la Justicia de Rafaela. La presentación fue radicada ante el magistrado Marcelo Gelcich, quien lidera el proceso concursal desde principios del año pasado. Según trascendió de fuentes cercanas al expediente, la firma justificó la medida al considerar que el concurso preventivo dejó de ser una herramienta viable para subsanar su profunda crisis financiera.
La situación actual de la empresa refleja un deterioro que parece no tener retorno en el corto plazo:
Pasivo exigible: La deuda verificada alcanza los US$120 millones, compuesta por obligaciones fiscales, comerciales y salariales.
Caída productiva: De procesar 4 millones de litros diarios, la firma se desplomó a menos de 500.000 litros.
Conflicto laboral: Los 850 empleados actuales enfrentan ocho meses de salarios impagos y aguinaldos adeudados.
La empresa argumentó en su escrito judicial que no logró recomponer su operación ni generar los ingresos necesarios para mantener su estructura de costos. La falta de acceso al crédito bancario y la carencia de capital de trabajo terminaron por asfixiar la producción. Cabe recordar que, en diciembre pasado, la Justicia ya había designado a la contadora Lucila Inés Prono como coadministradora con facultades ampliadas ante las irregularidades detectadas por la Sindicatura.
Desde el año 2017, la firma atravesó un proceso de desinversión sistemática. Durante este periodo, la cooperativa se desprendió de marcas de consumo masivo como Las Tres Niñas y su línea de yogures y postres. Además, la cantidad de plantas operativas se redujo drásticamente, dejando solo un puñado de establecimientos activos bajo una presión de acreedores que se volvió insostenible en los últimos meses de 2026.
La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) emitió un comunicado firmado por su secretario general, Héctor Ponce, calificando el pedido de quiebra como un “gesto que pone fin a un falso relato”. Según el gremio, la empresa se mantuvo en pie gracias al patrimonio de los trabajadores, quienes no perciben sus haberes pero continúan elaborando productos para evitar la desaparición total de la marca.
Desde el sindicato mantienen la esperanza de que la Justicia dicte una quiebra con continuidad de explotación. Para Atilra, esta nueva etapa permitiría que la marca SanCor resurja despojada de las estructuras administrativas que la llevaron a la insolvencia patrimonial definitiva. El gremio denunció además que la empresa no realiza los aportes correspondientes a la obra social OSPIL, la cual sigue prestando servicios mediante un fondo solidario.
La caída de SanCor tiene raíces profundas que mezclan la economía con la política. En 2006, una posible asociación con Adecoagro fue frenada por el entonces presidente Néstor Kirchner, quien facilitó un préstamo de US$80 millones provenientes de Venezuela. Aquel acuerdo, que se pagó con leche en polvo, es recordado hoy como uno de los hitos que postergaron una reestructuración necesaria que nunca llegó a completarse con éxito.
En los próximos días, se espera que la Justicia santafesina ratifique el pedido de quiebra, lo que abriría un escenario de liquidación de activos o un salvataje de último momento. La cooperativa ha convocado a una asamblea de tamberos para ratificar legalmente lo actuado ante el juzgado de Rafaela, mientras la industria láctea argentina observa con preocupación el destino de una de sus firmas más representativas.
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