El presidente estadounidense firmó una orden ejecutiva para eliminar trabas burocráticas y financiar con 50 millones de dólares la investigación de terapias alternativas para enfermedades mentales graves.
El presidente estadounidense firmó una orden ejecutiva para eliminar trabas burocráticas y financiar con 50 millones de dólares la investigación de terapias alternativas para enfermedades mentales graves.
En un movimiento que redefine la política de salud pública en Estados Unidos, el presidente Donald J. Trump ha firmado una Orden Ejecutiva diseñada para “acelerar el acceso a tratamientos para pacientes con enfermedades mentales graves”.
La medida representa un reconocimiento oficial del potencial terapéutico de sustancias anteriormente estigmatizadas como el LSD, reafirmando el compromiso del Gobierno con “soluciones que brinden esperanza a los estadounidenses con condiciones devastadoras, complejas y resistentes al tratamiento”.
El corazón de la directiva apunta a la agilización de los procesos regulatorios. La orden instruye al Comisionado de la FDA a otorgar “Vales de Prioridad Nacional” (National Priority Vouchers) a fármacos psicodélicos que ya cuenten con la designación de “Terapia Innovadora” (Breakthrough Therapy).
Según el comunicado oficial, esto se realiza para asegurar que “la burocracia no retrase la revisión del estándar de oro de la FDA de cualquier terapia potencial” (red tape does not delay the FDA’s gold standard review).
Además, se establece un puente directo para los pacientes a través de la Ley de “Derecho a Intentar” (Right to Try Act), permitiendo el acceso a compuestos de ibogaína y otros psicodélicos en fase de investigación que ya hayan cumplido con los requisitos básicos de seguridad.
La urgencia de esta medida se fundamenta en estadísticas alarmantes: más de 14 millones de adultos en EE.UU. padecen enfermedades mentales severas, y los veteranos de guerra sufren tasas de suicidio dos veces más altas que la población civil. El comunicado destaca que, durante más de 20 años, se han registrado más de 6.000 suicidios de veteranos anualmente.
Para combatir esta crisis, el Ejecutivo asignará 50 millones de dólares a través del programa ARPA-H para igualar las inversiones de los gobiernos estatales en investigación psicodélica. Este esfuerzo financiero se complementa con la Ley HALT Fentanyl de 2025, que ya había simplificado el proceso para realizar investigaciones médicas con sustancias de la Lista I.
Finalmente, la orden instruye al Fiscal General a iniciar revisiones inmediatas de los productos que completen con éxito los ensayos clínicos de Fase 3. El objetivo es que estas sustancias puedan ser “reclasificadas lo antes posible tras la aprobación de la FDA, cuando sea apropiado”.
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