Tokio implementó una reforma histórica en sus normas de defensa para permitir la venta de misiles y buques de guerra al extranjero. La medida busca fortalecer la industria nacional y estrechar alianzas regionales ante la creciente influencia de China.
El gobierno de la primera ministra, Sanae Takaichi, aprobó este martes una reconfiguración drástica de las directrices operativas de los Tres Principios sobre la Transferencia de Equipos de Defensa. Esta decisión elimina las cinco categorías que, desde 2014, restringían las exportaciones únicamente a suministros no bélicos como equipos de rescate, vigilancia y desminado.
A partir de esta revisión, las empresas niponas podrán comercializar armamento con capacidad letal y destructiva, incluidos aviones de combate y destructores. El Consejo de Seguridad Nacional evaluará cada solicitud bajo criterios estrictos, priorizando a las 17 naciones con las que Tokio mantiene acuerdos de cooperación, entre las que figuran Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Filipinas.
La administración de Takaichi argumentó que ningún país puede garantizar su seguridad de forma aislada. La reforma pretende generar economías de escala para contratistas como Mitsubishi Heavy Industries, que durante décadas dependieron exclusivamente de los pedidos limitados de las Fuerzas de Autodefensa.
El ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, destacó que la apertura del mercado exterior permitirá mantener una capacidad productiva superior y reducir los costos unitarios.
Este fortalecimiento industrial se considera vital para garantizar el suministro militar en caso de una emergencia regional. Paralelamente, la medida responde a la necesidad de aliados en Europa y Asia de diversificar sus proveedores ante la presión que las guerras en Ucrania y Oriente Medio ejercen sobre la producción estadounidense.
Filipinas celebró el cambio normativo como un aporte a la estabilidad regional. El secretario de Defensa filipino, Gilberto Teodoro, afirmó que el acceso a tecnología japonesa de alta calidad reforzará la disuasión en el Pacífico Occidental. En contraste, el gobierno de China manifestó una “seria preocupación” y acusó a Japón de retomar una senda militarista.
Pekín cuestionó el estatus de nación pacífica del archipiélago y advirtió que seguirá vigilante ante lo que considera una amenaza para la seguridad en Asia Oriental. Estas tensiones se intensificaron tras las declaraciones de Takaichi sobre una posible respuesta militar ante un eventual ataque a Taiwán que comprometa la supervivencia nipona.
La reforma enfrenta un marcado rechazo social. Según un sondeo reciente de The Asahi Shimbun, el 67% de los encuestados se opone a la exportación de armas, mientras que miles de personas se manifestaron frente a la Dieta Nacional en defensa de la Constitución pacifista.
El giro político fue posible tras la disolución de la coalición con el partido Komeito, que actuaba como freno a las ambiciones militares, y la nueva alianza con el Partido de la Innovación de Japón. Aunque el Ejecutivo asegura que el compromiso con la paz permanece inalterable, el país permite ahora, excepcionalmente, el envío de suministros a naciones en conflicto bajo “circunstancias especiales”.
La implementación de estas normas deja una interrogante sobre el equilibrio de poder en el Pacífico. ¿Podrá Japón revitalizar su industria de defensa y fortalecer sus alianzas sin desencadenar una escalada armamentista irreversible en la región?
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