El escenario elegido para fijar el concepto matriz sobre el que se asienta el presente y el futuro del espacio político fue el ciclo Democracia y Desarrollo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ante un selecto y concurrido auditorio de referentes empresarios y políticos, el mandatario provincial sacó chapa de los números duros: “Neuquén está ejecutando la mayor inversión en obra pública de su historia”, sentenció ante la atenta mirada de los inversores.
Lo que comenzó como una promesa de campaña dejó de ser un simple eslogan para convertirse en la piedra basal del frente “Neuquinizate”. Las cifras expuestas por el mandatario impactan de lleno en el análisis macroeconómico nacional. El plan contempla una inyección superior a los 1.000 millones de dólares anuales destinados exclusivamente a infraestructura vial y productiva, con la meta sin precedentes de ejecutar 1.000 kilómetros de rutas en apenas dos años, un volumen equivalente a todo lo construido previamente a lo largo de la historia institucional de la provincia patagónica.
A este despliegue vial se le suman 100.000 metros cuadrados destinados a establecimientos educativos, un volumen idéntico en materia de infraestructura sanitaria y unos 40.000 metros cuadrados orientados estrictamente a la seguridad ciudadana. Sin embargo, el verdadero valor de los datos no reside en el asfalto o el hormigón, sino en su profunda lectura política, rompiendo definitivamente con la lógica del histórico “derrame pasivo” que caracterizó a las administraciones anteriores.
El quiebre con la hegemonía de más de seis décadas del Movimiento Popular Neuquino (MPN) permitió ordenar el Estado provincial, revirtiendo una paradoja estructural inadmisible: un territorio convertido en el motor energético del país gracias a Vaca Muerta, pero históricamente castigado por índices alarmantes de pobreza y un notable atraso en materia de infraestructura social básica. Durante su exposición, el gobernador brindó una auténtica clase magistral sobre los recursos hidrocarburíferos, cuestionando con dureza el centralismo fiscal.
Para Figueroa existe un claro “estrangulamiento de fondos federales”, agravado por el freno total de la obra pública nacional. En su diagnóstico, mientras el Estado nacional y las provincias no productoras absorben un porcentaje sustancial de cada barril de exportación, Neuquén asume la totalidad del pasivo ambiental. Para contrarrestar esta asimetría, la administración provincial implementó un golpe de audacia creativa en el financiamiento: invitar a las operadoras nucleadas en la CEPH a fondear las rutas mediante un esquema de fideicomisos con adelantos de regalías y peajes, una herramienta bautizada en los corrillos políticos como el “Capitalismo de Infraestructura Regional”.
Este modelo de asociación público-privada no solo despertó el interés del equipo económico nacional conducido por Luis Caputo, sino que permitió desterrar la vieja práctica de los anticipos de fondos para pagar salarios estatales. La obra pública se convirtió así en la principal herramienta de seducción hacia los intendentes del interior profundo, consolidando una política de equidad territorial que conecta de manera directa el corredor petrolero con los principales centros turísticos de la cordillera.
Con la bandera innegociable del orden y la gestión como estandarte, el mandatario neuquino combina la macroeconomía del petróleo con una fuerte impronta de sustentabilidad social. Programas emblemáticos como el plan de becas estudiantiles más grande de la región y las líneas de créditos hipotecarios provinciales demuestran que el superávit financiero se traduce de inmediato en respuestas concretas para la clase media y baja.
Si el oficialismo logra consolidar el avance físico de estas megaobras antes de que abran las urnas, el camino hacia el 2027 quedará despejado. Por lo pronto, el “Efecto 1.000 días” dejó de ser una promesa de campaña para transformarse en la ingeniería vial y política con la que Rolando Figueroa busca asegurar su propia hegemonía en el nuevo mapa de poder argentino.