El ascenso de Palantir bajo la tutela ideológica de Peter Thiel y Alex Karp, marca la transición hacia un modelo de gobernanza donde el software de vigilancia masiva y la inteligencia artificial sustituyen los mecanismos democráticos.
El ascenso de Palantir bajo la tutela ideológica de Peter Thiel y Alex Karp, marca la transición hacia un modelo de gobernanza donde el software de vigilancia masiva y la inteligencia artificial sustituyen los mecanismos democráticos.
La emergencia de Palantir Technologies no representa únicamente el éxito de una empresa de análisis de datos; es la manifestación de una agenda política que busca redefinir la relación entre el Estado y el ciudadano. A través de lo que filósofos y críticos denominan tecnofascismo, se consolida la fusión del poder corporativo tecnológico con las funciones coercitivas del Estado, operando bajo una opacidad que elude el control democrático tradicional.
El núcleo ideológico de la empresa reside en el manifiesto The Technological Republic, donde su CEO, Alex Karp, postula que Silicon Valley debe desarrollar “poder duro” para defender a Occidente. Bajo esta premisa, Palantir rechaza el pluralismo y propone un paradigma donde la disuasión no depende de la retórica moral, sino de la letalidad de la infraestructura digital. La visión es clara: la inteligencia artificial (IA) debe ser capaz de “asustar y, en ocasiones, matar” a los enemigos, convirtiendo al dato en el campo de batalla primordial del siglo XXI.
Esta arquitectura tecnológica se apoya en figuras como Peter Thiel, cofundador de la firma y aliado de la derecha radical estadounidense, quien ha cuestionado abiertamente la compatibilidad entre la libertad y la democracia. Palantir, financiada en sus inicios por la CIA e investigada por sus vínculos con figuras como Jeffrey Epstein, se ha transformado en un vector de influencia que se incrusta en el corazón de las instituciones públicas.
El caso británico ilustra la estrategia de “aterrizaje y expansión”. Con contratos que superan los 670 millones de libras, Palantir ha penetrado en el Servicio Nacional de Salud (NHS) y el Ministerio de Defensa. La adjudicación de la Plataforma Federal de Datos (FDP) en 2023 entregó la gestión de los registros de salud de millones de ciudadanos a una empresa con raíces en el espionaje militar.
La preocupación escala en el sector de defensa nuclear. Al gestionar datos de la agencia de armas atómicas (AWE) y de la propulsión de submarinos de la Royal Navy, Palantir posee la capacidad de inferir secretos de Estado mediante el cruce de metadatos. Esta dependencia tecnológica coloca la disuasión nuclear del Reino Unido bajo la jurisdicción indirecta de leyes estadounidenses, como la US Cloud Act, comprometiendo la autonomía nacional.
En el hemisferio sur, el gobierno de Javier Milei ha iniciado una reconfiguración radical del aparato de inteligencia que parece diseñada a la medida de Palantir. Mediante el Decreto 941/2025, se refundó la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), eliminando controles civiles y centralizando flujos masivos de información provenientes de organismos como la ex AFIP, Migraciones y el Registro Nacional de Personas.
La SIDE se proyecta como un centro de datos totalitario donde la implementación de software de Big Data permitiría el perfilamiento de opositores y la vigilancia de la protesta social. Esta alineación con la agenda de la derecha radical internacional sugiere un giro hacia el control algorítmico, donde la eficiencia del software sustituye al consenso político y se pone al servicio de la represión tecnificada.
El aspecto más sombrío de esta expansión es su aplicación militar. Palantir opera la “red de eliminación digital”, una infraestructura que utiliza IA para identificar objetivos en tiempo real. Sistemas como “Maven” han sido vinculados a operaciones en Ucrania y Gaza, donde la automatización de la muerte permite procesar hasta 80 objetivos por hora. Alex Karp define este éxito por la capacidad de generar “bajas eficientes”, planteando un dilema ético sobre la pérdida de responsabilidad humana en la guerra.
En la seguridad interna, Palantir facilita la vigilancia predictiva y el control migratorio. Sin embargo, su tecnología no es neutral; hereda y amplifica los sesgos institucionales, como las prácticas policiales racistas, convirtiéndolos en verdades algorítmicas.
Además, la empresa genera una dependencia irreversible conocida como “bloqueo de vendedor”. Un precedente en la policía de Nueva York demostró que, una vez integrada la plataforma, el Estado pierde el control sobre sus propios análisis si intenta rescindir el contrato, quedando atrapado en un ecosistema de propiedad privada.
Estamos ante la construcción de un nuevo Leviatán que ofrece seguridad a cambio de la entrega total de la libertad. La soberanía de los datos se vuelve irrelevante si el procesamiento de la información queda en manos de una élite tecnológica no electa. Sin una regulación estricta, el mundo se encamina hacia una “República Tecnológica” donde el disenso es neutralizado por algoritmos antes de manifestarse, y donde la democracia es sacrificada en el altar de la eficiencia de vigilancia global.
Karina Milei ratificó que La Libertad Avanza competirá sin alianzas con el PRO en la Ciudad. Pilar Ramírez impulsa una agenda de reformas que incluye eliminar las PASO, reducir comuneros y agilizar habilitaciones comerciales, buscando sincronizar la gestión porteña con la Casa Rosada.
El Gobierno incrementó la deuda flotante en $2 billones durante marzo para sostener el superávit financiero. Aunque la postergación de pagos en transferencias y servicios permitió cerrar el mes en positivo, analistas advierten que abril será clave para confirmar la sostenibilidad fiscal.
Leopoldo Luque ampliará su indagatoria por tercera vez para rebatir las acusaciones de Gianinna Maradona, quien lo denunció por manipulación. El tribunal pidió no obstaculizar el juicio, mientras el médico busca evitar una condena por homicidio con su estrategia defensiva.
Taiwán oficializó la compra de armamento estadounidense por 6.600 millones de dólares para fortalecer su defensa ante China. El acuerdo incluye sistemas HIMARS y obuses Paladin, financiados mediante un presupuesto especial y facilidades de pago otorgadas por el gobierno norteamericano.
Teotihuacán reabrió sus puertas bajo estricta vigilancia federal tras el tiroteo que causó la muerte de una canadiense. El agresor, inspirado en masacres extranjeras, hirió a trece turistas antes de fallecer, motivando un refuerzo permanente de la seguridad en el sitio.
Brasil expulsó a un enlace policial estadounidense tras la previa remoción de un agente brasileño en Miami por parte del gobierno de Trump. El presidente Lula respaldó la medida de reciprocidad, calificando la acción norteamericana como una ruptura del diálogo diplomático.
La periodista libanesa Amal Khalil murió tras bombardeos israelíes en el sur del Líbano mientras realizaba su labor profesional. El ataque, calificado como crimen de guerra por Beirut, también dejó herida a otra reportera y provocó fuertes condenas internacionales.
Panamá denunció la captura ilegal del buque MSC-Francesca por parte de Irán en el estrecho de Ormuz. El gobierno panameño calificó el hecho como una violación al derecho internacional que pone en riesgo la seguridad marítima y el comercio global.
