El Gobierno incrementó la deuda flotante en $2 billones durante marzo para sostener el superávit financiero. Aunque la postergación de pagos en transferencias y servicios permitió cerrar el mes en positivo, analistas advierten que abril será clave para confirmar la sostenibilidad fiscal.
El mantenimiento del superávit financiero durante el primer trimestre de 2026 ha requerido una gestión intensiva de los desembolsos por parte del Ministerio de Economía. De acuerdo con el último reporte de la Tesorería General de la Nación, los compromisos acumulados y no liquidados —denominados deuda flotante— experimentaron un incremento cercano a los 2 billones de pesos durante el tercer mes del año. Esta cifra elevó el pasivo pendiente de la administración central a un total de $4.044.758 millones, duplicando prácticamente los registros obtenidos en el periodo previo de febrero.
Esta dinámica de “pisar” pagos ha sido una herramienta clave para que la gestión de Luis Caputo lograra un saldo positivo de $484.789 millones tras el pago de intereses. Si bien el retraso en la cancelación de obligaciones es un recurso financiero recurrente, la magnitud del crecimiento en marzo ha encendido señales de alerta entre los analistas, quienes asocian este comportamiento a la necesidad de compensar la merma en la recaudación impositiva derivada de la baja actividad económica.
Desde el sector privado, economistas sugieren que este repunte de los pasivos exigibles podría estar influenciado por la estacionalidad habitual del mes de marzo, un fenómeno que también se evidenció en ejercicios anteriores. No obstante, al realizar un ajuste por inflación y estacionalidad, se observa un incremento real del 28,3% en la comparación mensual desestacionalizada. El mercado permanece a la espera de los datos de abril para determinar si este abultamiento de la deuda es un fenómeno transitorio que se normalizará el mes próximo o si refleja una fragilidad estructural en el programa fiscal vigente.
El desglose de las cuentas oficiales revela que los rubros más afectados por la postergación de pagos fueron las transferencias y la adquisición de bienes y servicios. En el primer caso, las obligaciones saltaron de $885.236 millones a más de $1,6 billones en solo treinta días, mientras que los compromisos por suministros operativos se multiplicaron casi por seis. Esta situación ha tenido repercusiones tangibles en áreas sensibles, manifestándose en demoras en los giros a prestadores de servicios de salud y empresas de transporte público.
Aunque la deuda flotante actual todavía se sitúa por debajo de los techos consensuados con organismos internacionales, su tendencia alcista marca el límite de la estrategia de “base caja” utilizada para exhibir resultados positivos. Analistas de consultoras locales destacan que, si bien el Gobierno alcanzó un superávit primario de casi 1 billón de pesos en marzo, la acumulación de gastos impagos de tal envergadura relativiza la solidez del ahorro fiscal.
La estrategia financiera de patear vencimientos permitió cerrar el trimestre con un superávit del 0,2%, pero incrementa la presión sobre los meses venideros. El desafío inmediato para el Palacio de Hacienda será equilibrar la regularización de estos atrasos con la meta de no incurrir en déficit financiero, en un contexto donde el ajuste del gasto público parece haber alcanzado un punto de máxima tensión operativa en diversas dependencias del Estado.
El mercado de fusiones y adquisiciones en Argentina creció un 63% en 2025, sumando USD 8.500 millones. Impulsado por el RIGI y reformas estructurales, el sector energético lideró las transacciones, marcando el regreso de inversores internacionales y una mayor estabilidad macroeconómica.
La probabilidad de recesión en Argentina bajó al 85% en marzo, alejándose del pico del 99% registrado en enero, según la UTDT. Aunque el Índice Líder muestra una leve recuperación mensual, el riesgo sigue siendo elevado debido a indicadores interanuales negativos.
El vicealmirante retirado David Burden declaró que el ARA San Juan estaba en óptimo estado estructural, pues implosionó tras superar su profundidad de diseño. Atribuyó el desastre a un descenso descontrolado, posiblemente causado por una explosión previa de hidrógeno.
Un testigo reveló ante la justicia una deuda no declarada de 65.000 dólares de Manuel Adorni por refacciones inmobiliarias. El fiscal Pollicita investiga si el patrimonio del funcionario y sus millonarios gastos en efectivo son compatibles con sus ingresos declarados.
Córdoba cobrará a los padres los operativos de seguridad generados por falsas amenazas de tiroteos escolares. La medida busca resarcir al Estado por el uso de recursos policiales y bomberos, responsabilizando económicamente a las familias por las conductas de los menores.
La industria retrocedió 1,6% en marzo según FIEL, rompiendo tres meses de mejora. Mientras la refinación de petróleo y los químicos impulsan sectores específicos, el desplome automotriz y la baja en bienes de consumo durables condicionan la reactivación económica general.
El TOF 5 de San Isidro juzgará al entorno del exsenador Kueider por lavado de activos y falsificación. Pese a la resistencia de las defensas, que cuestionan la competencia territorial y la ausencia del líder, el tribunal iniciará el proceso.
Facundo Macarrón denunció que la inacción de los fiscales Di Santo, Miralles y Pizarro constituye un delito de encubrimiento y no simple impericia. Durante el jury, la familia Dalmasso criticó el manejo genético y la falta de coraje judicial ante presiones.
