El Gobierno nacional posterga pagos a proveedores y empresas para mantener el superávit financiero. En marzo, la deuda flotante alcanzó los $4,04 billones, un salto récord motorizado por atrasos en energía, transporte y transferencias de capital, según datos de Hacienda.
El Gobierno nacional ha transformado la postergación de pagos en una herramienta sistemática para garantizar el superávit fiscal mensual. Esta estrategia, conocida como el crecimiento de la deuda flotante, consiste en devengar gastos por bienes y servicios que el Tesoro Nacional finalmente no abona en el periodo correspondiente para mostrar números positivos en la caja.
Salto récord: La deuda flotante llegó a los $4,04 billones en marzo de 2026.
Crecimiento mensual: Representa un incremento del 28,3% respecto a febrero.
Ancla bajo lupa: El 74% del superávit primario se explica por este stock de deuda pendiente.
Lo que meses atrás parecía una medida excepcional para cumplir con las metas fiscales, hoy se percibe como un “modus operandi” oficial. El Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, pisa cada vez más los gastos comprometidos o las devoluciones de impuestos. El objetivo es recuperar credibilidad ante los mercados internacionales, aunque esto implique abultar la cifra de compromisos pendientes de pago.
El salto más significativo de esta deuda se registró en marzo, con un incremento de $2,1 billones respecto al mes anterior. Según analistas financieros, se trata de la mayor suba en pesos constantes de la era de Javier Milei. Los rubros más castigados fueron las transferencias, con casi $700.000 millones, y el segmento de bienes y servicios, con casi $260.000 millones.
Dentro de este universo de deudas, el impacto es crítico en sectores sensibles como la energía y el transporte. El Estado ha postergado giros a fondos que canalizan los subsidios para empresas prestadoras, lo que genera una tensión creciente en la cadena de pagos. También se han visto afectados los gastos de capital, con deudas equivalentes al 41,8% del total devengado en el primer trimestre.
La Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) advirtió que la deuda flotante acumulada en lo que va del año representa el 9,7% del total devengado. Esta cifra se ubica significativamente por encima del 7,5% observado en el mismo período de 2025. Los especialistas sostienen que este mecanismo maquilla la realidad de la caja y pone en duda la sostenibilidad del ajuste hacia adelante.
En marzo, el ministro Caputo anunció un resultado fiscal primario de $930.284 millones, equivalente al 0,5% del PBI. Sin embargo, este número positivo contó con la ayuda de rubros extraordinarios. Uno de los más relevantes fue el ingreso por la privatización de las centrales hidroeléctricas del Comahue, que aportó más de US$700 millones al Tesoro Nacional.
A pesar de estos ingresos, la recaudación general registró su octava caída mensual consecutiva en términos reales. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó una baja del 4,5% interanual, producto del estancamiento de la actividad económica y la caída de las importaciones. Este escenario obliga al Gobierno a profundizar el retraso de pagos para no romper el ancla fiscal.
La consultora Aurum Valores hizo notar que, si se excluyen estos ingresos por privatizaciones y se considera el stock de deuda flotante, el superávit real se achica drásticamente. La discusión entre los economistas ha pasado de analizar la “foto” del mes a observar el flujo de deudas acumuladas que el Estado deberá afrontar tarde o temprano para normalizar su funcionamiento.
El riesgo de esta estrategia radica en que el ajuste se apoya en gastos postergados en lugar de una reducción estructural genuina. Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) advirtieron que, con ingresos cada vez más castigados, el ancla fiscal vuelve a quedar bajo la lupa de los inversores. La deuda con proveedores es una variable que refleja la tensión que enfrenta el Tesoro.
Al no conocerse la deuda flotante de todo el sector público no financiero, los analistas utilizan estas cifras de la administración central como un proxy de la situación general. La acumulación de pasivos en rubros como remuneraciones (11,3% del devengado) y bienes básicos sugiere que el margen de maniobra del Gobierno para “patear” pagos es cada vez más estrecho.
Hasta el momento, el Ministerio de Economía no ha brindado respuestas oficiales sobre el incremento de estas cifras. Mientras tanto, las empresas proveedoras del Estado comienzan a alertar sobre la dificultad de sostener la provisión de servicios esenciales si el Tesoro no regulariza los pagos devengados. La sostenibilidad del superávit depende hoy, más que nunca, de una cadena de deudas que sigue creciendo.
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