La industria de la IA abandona su fachada altruista al formalizar pactos bélicos con el Pentágono y priorizar el lucro sobre la ética. Entre juicios de magnates y sistemas de vigilancia masiva, la tecnología se consolida como una herramienta de control.
La narrativa idílica que las grandes corporaciones tecnológicas han construido sobre la inteligencia artificial (IA) comienza a desmoronarse. Durante años, el discurso oficial presentaba a esta tecnología como una herramienta humanitaria destinada a erradicar enfermedades y mitigar la crisis climática. Sin embargo, los acontecimientos recientes —desde acuerdos multimillonarios con el Pentágono hasta litigios que exponen la codicia de sus creadores— revelan una realidad mucho más cruda: la IA se está consolidando como el motor de una nueva era de control social y eficiencia bélica.
La supuesta neutralidad de las empresas de Silicon Valley ha quedado sepultada tras la firma de contratos estratégicos con el Departamento de Guerra de Estados Unidos. Gigantes como Google, Amazon, Microsoft y OpenAI han integrado sus modelos comerciales en la infraestructura del mayor ejército del mundo. Lo que antes eran herramientas de uso civil, como ChatGPT o Gemini, ahora forman parte del arsenal para la selección de objetivos militares en conflictos internacionales. Este fenómeno, que expertos denominan “tecnofascismo”, se manifiesta en el uso de algoritmos para decidir ataques en zonas de conflicto, donde la precisión técnica a menudo ignora las consecuencias humanas.
Más allá del campo de batalla, los magnates del sector han comenzado a proyectar su visión política de manera explícita. Figuras como Sam Altman y Elon Musk, junto a gurús de la vigilancia masiva como Peter Thiel, ya no ocultan su ambición de rediseñar las estructuras sociales a través de la tecnología. En países como Argentina y El Salvador, se están implementando experimentos que ceden la gestión de datos estatales o sistemas de salud a algoritmos privados. Esta tendencia sugiere un reemplazo de las garantías democráticas por sistemas de control basados en el cruce masivo de información y la vigilancia personalizada, bajo una retórica de “prosperidad universal” que apenas disfraza intereses corporativos.
El conflicto legal que enfrenta a Elon Musk con la cúpula de OpenAI ha servido para airear las miserias de una industria que nació con fines filantrópicos y terminó sucumbiendo al mercado. El litigio por el control de la desarrolladora de ChatGPT ha revelado correos electrónicos y alianzas tácticas que demuestran que, tras las proclamas sobre “salvar a la civilización”, subyace una feroz competencia por el monopolio científico y financiero. Mientras las empresas invierten sumas que superan el presupuesto de proyectos históricos como el Manhattan, el impacto ambiental y los riesgos para la ciberseguridad global —alertados incluso por el Banco Central Europeo— quedan en un segundo plano frente a la carrera por el dominio tecnológico.
La integración de la IA generativa en asuntos de seguridad nacional marca un punto de no retorno. Analistas internacionales subrayan el peligro de que decisiones críticas de defensa queden en manos de sistemas privados cuyo funcionamiento interno es opaco. Al tiempo que la industria consume volúmenes ingentes de energía y agua, agravando crisis locales, su principal utilidad se desvía hacia la optimización de la guerra y la erosión de la privacidad. La IA, despojada de su máscara benevolente, se revela hoy como un instrumento de poder clásico, donde la ética parece ser el último de los componentes en la ecuación del éxito.
Tras un inicio de semana templado, un sistema de bajas presiones afectará a Buenos Aires durante 72 horas. Se esperan acumulados de hasta 100 milímetros y ráfagas extremas que impactarán con fuerza en las zonas costeras a partir del miércoles.
Tras 16 años de actividad, el conductor confirmó en televisión que “Conciencia” deja de funcionar. El proyecto, que destinaba el 50% de sus ganancias a fines benéficos, se volvió inviable por la fuerte caída del consumo masivo.
Una encuesta de Atlas Intel revela que el 63% de los argentinos desaprueba la gestión presidencial, el registro más bajo desde el inicio del mandato. El escándalo Adorni y el malestar económico profundizaron la caída. El 72,1% tiene imagen negativa del jefe de Gabinete.
El Consejo Federal de Educación aprobó el Plan Plurianual de Evaluación 2026-2030. Las pruebas Aprender pasarán de ser anuales a bienales, alternando entre censales y muestrales. Las escuelas recibirán sus reportes cada cuatro años en lugar de cada dos.
Tras once días de veda total, el Gobierno permitió este lunes el regreso de los periodistas acreditados a Balcarce 50. Sin embargo, se prohíbe circular por los pasillos y el Patio de las Palmeras. Adorni dará una conferencia de prensa para explicar los cambios.
La Provincia de Buenos Aires aplicó desde este lunes un aumento extraordinario del 11,16% en todas las líneas provinciales y municipales del Conurbano. El incremento afecta a más de 4,5 millones de pasajeros diarios y lleva el boleto mínimo cerca de los $753.
La industria de la IA abandona su fachada altruista al formalizar pactos bélicos con el Pentágono y priorizar el lucro sobre la ética. Entre juicios de magnates y sistemas de vigilancia masiva, la tecnología se consolida como una herramienta de control.
Tony Janzen Valverde Victoriano fue extraditado desde Perú por el triple femicidio de tres jóvenes en Florencio Varela. Acusado de tortura y asesinato en una venganza narco, será indagado en Morón mientras familiares exigen justicia ante la brutalidad del crimen.
