La Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires dictó una sentencia que equipara a las plataformas con el servicio de taxis y remises. Mientras no exista una ley específica, los choferes deberán tramitar la licencia profesional y contratar seguros comerciales para circular.
Tras diez años de conflicto judicial, la Justicia porteña emitió un fallo que cambia drásticamente las reglas de juego para el transporte de pasajeros en la Ciudad. La Sala II de la Cámara de Apelaciones determinó que el Gobierno de la Ciudad incurrió en una “omisión ilegítima” al no fiscalizar a las plataformas digitales, obligando a los conductores de Uber, DiDi y Cabify a ajustarse al marco normativo vigente para taxis y remises.
Nuevas exigencias para los conductores:
Licencia de conducir: Deberán tramitar de forma obligatoria la Licencia Profesional.
Seguros: Se exigirá la contratación de pólizas especiales para transporte de pasajeros.
Habilitación: Los vehículos deberán contar con autorizaciones similares a las de remiserías.
Tributos: La Ciudad deberá iniciar sumarios para que las empresas empiecen a pagar impuestos específicos.
El fallo responde a una demanda impulsada por el Sindicato de Peones de Taxis, que denunciaba una situación de competencia desleal desde el desembarco de Uber en 2016. Los jueces Fernando Juan Lima, Mariana Díaz y Marcelo López Alfonsín sostuvieron que no es razonable que el Estado “exija a unos lo que exime a otros”.
Bajo esta lógica, la sentencia incorpora doctrina internacional (como la de la Unión Europea) para definir que estas aplicaciones no son meras intermediarias tecnológicas, sino servicios onerosos de transporte que deben estar sujetos al control público para garantizar la seguridad del pasajero y la equidad comercial.
La resolución no solo afecta a los choferes, sino que le marca una hoja de ruta estricta a la administración de la Ciudad:
Cese de aranceles: El Gobierno no podrá cobrar tasas administrativas a los taxistas (salvo infracciones) hasta que el esquema sea equitativo.
Campaña de advertencia: Deberá informar a los usuarios sobre los riesgos de utilizar servicios que no cumplen con los seguros y licencias ahora exigidos.
Fiscalización: Se deben intensificar los controles para evitar el transporte “irregular”.
La Cámara aclaró que estas exigencias se mantendrán vigentes de manera transitoria. El fallo perderá efecto automáticamente en el momento en que la Legislatura porteña sancione una ley específica que regule la actividad de las plataformas digitales.
Hasta que eso ocurra, los miles de conductores que operan en la Ciudad entran en una zona de exigencia técnica: deberán profesionalizar su estatus para evitar multas y secuestros de vehículos, en un intento de la Justicia por terminar con lo que denominó una “anomia voluntaria” del Estado frente al avance tecnológico.
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