Legisladores filipinos aprobaron el juicio político contra la segunda al mando por malversación y amenazas. El proceso pasa al Senado, que cambió su liderazgo en una jornada de alta tensión política en Manila.
Legisladores filipinos aprobaron el juicio político contra la segunda al mando por malversación y amenazas. El proceso pasa al Senado, que cambió su liderazgo en una jornada de alta tensión política en Manila.
La Cámara de Representantes de Filipinas votó este lunes a favor de destituir a la vicepresidenta Sara Duterte, tras alcanzar una mayoría de 257 votos contra 25. La decisión fundamenta el inicio de un juicio político en el Senado por cargos que incluyen acumulación de riqueza inexplicable, malversación de fondos públicos y amenazas contra la integridad del presidente Ferdinand Marcos Jr.
Duterte, de 47 años y principal figura para la sucesión presidencial de 2028, enfrentó un proceso acelerado en la Cámara Baja. Los legisladores validaron pruebas presentadas por el Consejo contra el Lavado de Dinero (AMLC), que identificó 33 transacciones sospechosas por un valor total de 6.770 millones de pesos vinculadas a la funcionaria y su entorno familiar.
Paralelamente a la votación, el Senado experimentó un cambio drástico en su directiva. El senador Alan Peter Cayetano, aliado histórico de la familia Duterte, asumió la presidencia del cuerpo legislativo tras una moción que desplazó a Vicente Sotto III con 13 votos a favor.
Sotto III, quien había manifestado su intención de convocar al tribunal de juicio político de manera inmediata, vinculó su salida con el proceso contra la vicepresidenta.
El cambio de liderazgo implica que Cayetano presidirá el juicio contra Duterte, lo que generó dudas entre los sectores de la oposición sobre la imparcialidad del futuro veredicto.
El comité de justicia, liderado por la representante Gerville Luistro, argumentó que la rendición de cuentas debe prevalecer sobre la popularidad política. Entre los testimonios clave se encontró el de Ramil Madriaga, exasesor de la vicepresidenta, quien denunció el desembolso de 125 millones de pesos en menos de 24 horas durante el año 2022.
El equipo legal de la funcionaria negó las acusaciones y manifestó su preparación para ejercer la defensa ante el Senado. “Corresponde a la fiscalía demostrar la veracidad de las pruebas”, señaló Michael Poa, portavoz de la defensa, quien subrayó que la carga de la prueba recae exclusivamente en los acusadores.
Esta es la segunda vez que la Cámara vota la destitución de Duterte, luego de que un intento previo en 2025 fuera anulado por la Corte Suprema por fallas de forma. La resolución actual ocurre en medio de una ruptura total entre las familias Marcos y Duterte, quienes ganaron las elecciones de 2022 como aliados.
Si el Senado la declara culpable, la vicepresidenta enfrentará la remoción inmediata de su cargo y la inhabilitación perpetua para ejercer funciones públicas. El arzobispo de Cebú, Alberto Uy, instó a los legisladores a decidir bajo criterios morales y no por presiones políticas, mientras grupos civiles se manifestaban en las afueras del Congreso bajo la consigna de poner fin a la impunidad.
El futuro político de Filipinas queda supeditado a un juicio que determinará si la favorita en las encuestas puede continuar su carrera hacia la presidencia o si las acusaciones de corrupción marcarán el final de su trayectoria institucional. ¿Prevalecerá el peso de las pruebas financieras o la nueva configuración de poder en el Senado definirá el destino de la vicepresidenta?
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