El Gobierno nacional anunció la venta del 90% de AySA para atraer operadores privados con capacidad técnica y financiera. La licitación, que busca recaudar 500 millones de dólares, prioriza la expansión de infraestructura y el fin del manejo político estatal.
La desestatización del servicio de agua y saneamiento en el área metropolitana de Buenos Aires entra en su fase decisiva tras el anuncio del Palacio de Hacienda sobre la apertura del proceso licitatorio. El ministro de Economía comunicó que hoy se difundirán las condiciones para transferir el 90% de la propiedad de AySA a capitales privados, reservando el porcentaje restante para el personal bajo el régimen de propiedad participada. Con esta medida, el Ejecutivo nacional pretende atraer a un socio con capacidad técnica y solvencia financiera que asuma la expansión de la infraestructura hídrica, con la expectativa de obtener ingresos cercanos a los 500 millones de dólares.
Esta determinación marca el fin de la restricción que impedía el traspaso de los activos públicos de la compañía, cuya operatividad abarca la Capital Federal y más de dos docenas de municipios bonaerenses. Según la estrategia oficial, la concesión priorizará a un operador que adquiera al menos la mitad más uno de las acciones, mientras que el excedente del paquete podría ser colocado posteriormente en el mercado de valores. La administración de Javier Milei sostiene que este cambio de paradigma busca erradicar la gestión política de las prestadoras de servicios básicos, fomentando en su lugar un esquema de competencia y eficiencia operativa que mejore las prestaciones actuales.
El pliego del Boletín Oficial definirá los compromisos de inversión y el marco de precios que regirán la actividad en las próximas décadas. Tras haber aprobado recientemente el contrato modelo de concesión, el Ministerio de Economía aguarda ahora la respuesta del mercado internacional para concretar una de las transferencias más significativas de su programa de reformas. El objetivo final, según la visión gubernamental, es garantizar que la red de agua potable y cloacas crezca bajo el impulso del sector privado, dejando en manos del Estado únicamente el rol de regulador y garante de las normativas vigentes.
La poda presupuestaria afecta áreas críticas como la provisión de medicamentos oncológicos, el programa Remediar y el control de enfermedades zoonóticas. Especialistas advierten sobre consecuencias irreversibles en la población vulnerable, mientras el Ministerio de Salud defiende la medida como una “optimización de gastos”.
La Policía Bonaerense desarticuló una red de distribución de material de abuso sexual infantil tras una alerta internacional del NCMEC. Entre los seis detenidos se encuentra un profesor de 47 años que trabajaba en cuatro escuelas secundarias públicas. En su teléfono hallaron imágenes de sus estudiantes y de su propia hija de cinco años.
El Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la UBA publicó un estudio nacional que muestra un impacto demoledor del escándalo patrimonial del Jefe de Gabinete. El 66% de los encuestados considera que Javier Milei debería echar al funcionario y el 80% cree que el caso daña el discurso “anti-casta” del Gobierno.
El Índice de Precios al Consumidor registró su nivel más bajo desde noviembre, quebrando una racha de diez meses en ascenso. El freno en el precio de los alimentos, la estabilidad del tipo de cambio y la desaceleración de la inflación núcleo son las claves que alimentan el optimismo oficial para el resto del año.
El nuevo esquema “free flow” es automático ya se está instalando en algunos caminos.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado continúa en pleno conflicto con organismos de control.
Jorge Macri obtuvo la ampliación del presupuesto porteño tras acordar con los libertarios el apoyo al RIGI y al RIMI local. Mediante abstenciones estratégicas y ajustes impositivos, el oficialismo garantizó fondos para salarios y servicios públicos frente al desfasaje inflacionario.
El Gobierno nacional anunció la venta del 90% de AySA para atraer operadores privados con capacidad técnica y financiera. La licitación, que busca recaudar 500 millones de dólares, prioriza la expansión de infraestructura y el fin del manejo político estatal.
