El Gobierno nacional anunció la venta del 90% de AySA para atraer operadores privados con capacidad técnica y financiera. La licitación, que busca recaudar 500 millones de dólares, prioriza la expansión de infraestructura y el fin del manejo político estatal.
La desestatización del servicio de agua y saneamiento en el área metropolitana de Buenos Aires entra en su fase decisiva tras el anuncio del Palacio de Hacienda sobre la apertura del proceso licitatorio. El ministro de Economía comunicó que hoy se difundirán las condiciones para transferir el 90% de la propiedad de AySA a capitales privados, reservando el porcentaje restante para el personal bajo el régimen de propiedad participada. Con esta medida, el Ejecutivo nacional pretende atraer a un socio con capacidad técnica y solvencia financiera que asuma la expansión de la infraestructura hídrica, con la expectativa de obtener ingresos cercanos a los 500 millones de dólares.
Esta determinación marca el fin de la restricción que impedía el traspaso de los activos públicos de la compañía, cuya operatividad abarca la Capital Federal y más de dos docenas de municipios bonaerenses. Según la estrategia oficial, la concesión priorizará a un operador que adquiera al menos la mitad más uno de las acciones, mientras que el excedente del paquete podría ser colocado posteriormente en el mercado de valores. La administración de Javier Milei sostiene que este cambio de paradigma busca erradicar la gestión política de las prestadoras de servicios básicos, fomentando en su lugar un esquema de competencia y eficiencia operativa que mejore las prestaciones actuales.
El pliego del Boletín Oficial definirá los compromisos de inversión y el marco de precios que regirán la actividad en las próximas décadas. Tras haber aprobado recientemente el contrato modelo de concesión, el Ministerio de Economía aguarda ahora la respuesta del mercado internacional para concretar una de las transferencias más significativas de su programa de reformas. El objetivo final, según la visión gubernamental, es garantizar que la red de agua potable y cloacas crezca bajo el impulso del sector privado, dejando en manos del Estado únicamente el rol de regulador y garante de las normativas vigentes.
El diputado Juan Marino denunció penalmente a Javier Milei por autorizar, mediante DNU, el ingreso de tropas estadounidenses para ejercicios militares. La presentación argumenta que saltear el debate en el Congreso viola la Constitución y configura abuso de autoridad.
El director de una clínica en Quilmes emitió una dramática carta advirtiendo sobre el colapso financiero del centro médico. Denunció demoras en pagos e insumos dolarizados, rechazando emular el trágico final de René Favaloro frente a la asfixia burocrática del sistema.
Martín Menem confirmó que La Libertad Avanza diseña un plan para la reelección de Javier Milei. El legislador fustigó a Axel Kicillof, ponderó a Diego Santilli y trazó un paralelismo ideológico que enorgullecería al expresidente Carlos Menem.
El Gobierno chileno de José Antonio Kast aceleró un proyecto de ley para juzgar como adultos a adolescentes de 16 y 17 años involucrados en delitos graves. La reforma, impulsada tras el asesinato de un niño, elimina atenuantes y endurece las penas máximas.
OpenAI propuso ceder el 5% de sus acciones al Gobierno estadounidense a través de un fondo soberano, buscando aliviar presiones regulatorias. La iniciativa, extensible a competidores, busca blindar la seguridad tecnológica local ante el avance de la inteligencia artificial china.
Mediante el decreto 571/2026, el Gobierno nacional unificó el Ministerio del Interior dentro de la Jefatura de Gabinete, liderada por Diego Santilli. El nuevo esquema busca eliminar la duplicación de funciones y centralizar las relaciones con las provincias y el Congreso.
Un atentado con bomba en una cafetería de Damasco provocó cinco muertos y dieciséis heridos cerca del Palacio de Justicia. La explosión revive el temor a la violencia civil bajo el nuevo Gobierno islamista, que ya ha sufrido otros ataques.
El Gobierno de Alemania acordó una reforma fiscal para aliviar a las familias mediante la baja de impuestos, compensada con mayores tasas a los ricos. El paquete económico también retrasa la jubilación y endurece el control de las bajas médicas.
