Gabriel García Luna asumió la jefatura del Ministerio Público en Guatemala e inauguró su gestión con la disolución de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad. La medida, vigente desde este lunes, responde a una severa crisis de credibilidad institucional.
El fiscal general de la Nación Gabriel García Luna informó el inicio del proceso de liquidación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). La medida entró en vigor este 18 de mayo de 2026, a pocas horas de que el nuevo funcionario asumiera la jefatura del Ministerio Público (MP) para los próximos cuatro años.
En su primera comparecencia ante los medios de comunicación, el jefe del ente investigador justificó la decisión en la pérdida de credibilidad y en el incumplimiento de los objetivos institucionales de dicha unidad.
La fiscalía especial, que dirigía hasta ayer Rafael Curruchiche, surgió originalmente para absorber las capacidades de la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Durante la última gestión, el trabajo de esta unidad generó controversias por la apertura de procesos judiciales contra jueces, fiscales, defensores de derechos humanos y periodistas, situación que provocó el exilio de varios de ellos.
Paralelamente, el nuevo jefe del MP confirmó los primeros nombramientos de su equipo de trabajo. El abogado Edwin Santiago Chavajay Chavajay asumió como secretario general de la institución; Shirley García Ovalle ocupará la secretaría de Asuntos Internacionales y Cooperación, mientras que Salvador Guzmán dirigirá la secretaría de Política Criminal.
El funcionario explicó que el resto de las designaciones administrativas y fiscales se darán a conocer en el transcurso de la semana bajo criterios de meritocracia.
El proceso de transición interna incluirá una auditoría técnica y jurídica de los expedientes que manejaba la FECI para determinar si los casos cuentan con sustento legal.
García Luna argumentó que la imputación penal debe ser el resultado de una investigación seria y sólida, y no un mecanismo enfocado en personas antes de esclarecer las acciones delictivas. Asimismo, anunció la creación de una comisión específica para evaluar los expedientes de ciudadanos que denunciaron persecución política en años anteriores.
Por otra parte, la nueva administración revisará las investigaciones penales que se mantienen bajo reserva judicial de forma prolongada. El fiscal general calificó como intolerable la permanencia de la confidencialidad en los procesos durante años, por lo que ordenó verificar si las razones legales para mantener el secretismo siguen vigentes o si los plazos establecidos por la ley ya caducaron.
La reestructuración general de la institución abarcará la separación de las funciones fiscales de las administrativas y la implementación de reglas públicas para los ascensos y traslados del personal.
Adicionalmente, el plan de trabajo contempla el fortalecimiento de la fiscalía especializada en delitos contra la mujer y la actualización tecnológica de las unidades de investigación para combatir el narcotráfico, el contrabando de armas y la trata de personas mediante convenios de cooperación internacional.
El presidente de la República Bernardo Arévalo respaldó el relevo en la jefatura del MP a través de un mensaje televisado. El mandatario manifestó que la salida de la anterior fiscal general, Consuelo Porras, representa el fin de una gestión que instrumentalizó la justicia para favorecer la impunidad.
La exfuncionaria, que no consiguió los votos para un tercer período consecutivo, enfrenta restricciones migratorias y financieras por parte de más de 40 países, incluidos Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea, aunque sostuvo que sus acciones se apegaron a la legalidad.
La delegación de la Unión Europea en el territorio centroamericano también emitió un pronunciamiento oficial donde saludó la instalación de las nuevas autoridades. El cuerpo diplomático señaló que el cambio de administración constitucional abre un espacio para detener las prácticas de criminalización hacia los operadores de justicia y los representantes de la sociedad civil organizada.
El destino final de los casos de alto perfil económico y político que se tramitaban en la fiscalía en liquidación permanece sujeto al mecanismo de distribución de expedientes que determine la auditoría interna. ¿Logrará la desaparición de la estructura tradicional de la FECI restablecer la confianza técnica en el Ministerio Público, o abrirá un espacio de incertidumbre procesal para los casos de corrupción pendientes de resolución en los tribunales?
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