La polémica por la construcción de un complejo religioso de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones) en el microcentro porteño sumó un revés institucional determinante. La Subcomisión de Patrimonio de la Comisión Nacional de Monumentos emitió un duro dictamen de siete páginas que desaconseja de forma categórica la ejecución de la obra en la misma manzana del Monasterio de Santa Catalina de Siena, una joya colonial que data de 1745.
Principales riesgos denunciados en el informe técnico:
Incompatibilidad absoluta: La envergadura del proyecto altera la lectura histórica, estética y simbólica del entorno protegido.
Peligro edilicio: Alto riesgo de derrumbe y fallas estructurales por excavaciones profundas inmediatas.
Destrucción del subsuelo: Daño irreversible al patrimonio arqueológico de un predio donde funcionó un antiguo camposanto y huerta colonial.
Efecto ambiental: Sombreado permanente sobre los muros históricos, modificando el microclima y acelerando su degradación.
El documento oficial, que lleva la firma del arquitecto Fernando Gabriel Ferreyra junto a los vocales del área, concluye que no resulta viable ni recomendable autorizar nuevas construcciones ni excavaciones en el perímetro. Por el contrario, la comisión asesora propuso congelar los proyectos para profundizar la recuperación arqueológica del predio y transformarlo en una zona de amortiguación urbana.
Grietas, retroexcavadoras y misa en la calle
La aparición de este dictamen coincide con un escenario de máxima alerta edilicia. Desde el pasado lunes, la Iglesia de Santa Catalina de Siena permanece cerrada al público con fajas de “riesgo estructural”. El rector del templo, Gustavo Antico, tomó la drástica decisión tras detectar decenas de grietas profundas en los muros de carga coloniales.
La comunidad eclesiástica vincula estos daños directamente a las obras de peatonalización que el Gobierno de la Ciudad realiza sobre la calle Viamonte, donde se utilizó maquinaria pesada y retroexcavadoras a escasos metros de la fachada. Ante la gravedad de la situación, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, celebró una misa de protesta en las escalinatas exteriores, reclamando la preservación del conjunto arquitectónico tanto frente a los trabajos viales actuales como ante el proyectado templo mormón de 36,5 metros de altura.
Una parcela histórica marcada por los litigios
El terreno en disputa, utilizado durante décadas como un estacionamiento comercial hoy abandonado, formó parte integral del convento de las hermanas catalinas hasta 1974, año en que la Iglesia Católica transfirió el lote a manos de desarrolladores privados. Los intentos por edificar en este rincón del microcentro no son nuevos:
Año 2014: Un proyecto para levantar una torre residencial fue frenado por la justicia tras el amparo de los vecinos.
Año 2016: El Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad ratificó la nulidad definitiva de aquellos permisos de obra.
Año 2023: La comunidad mormona adquirió el predio con el plan de edificar un templo, oficinas administrativas y un jardín de acceso público.
A fines de 2025, la ONG Basta de Demoler logró congelar temporalmente los trámites de habilitación. Sin embargo, la semana pasada, la Cámara de Apelaciones revocó la medida cautelar de primera instancia argumentando que no se podía presuponer un daño patrimonial automático. Los desarrolladores del credo argumentaron que las restricciones afectaban la libertad religiosa y eludían las normativas generales de locales de culto.
Renuncias en masa y la extrema fragilidad colonial
El fallo judicial de la Cámara provocó un verdadero sismo interno dentro de la Comisión Nacional de Monumentos. En abierta disconformidad con la desprotección del predio, tres importantes vocales de la institución presentaron su renuncia indeclinable: la licenciada María del Carmen Magaz, el arquitecto Martín Blas Orduna y el arquitecto Fernando Luis Martínez Nespral. Tras su salida, la nueva conformación de la subcomisión decidió ratificar y sacar a la luz el informe técnico que los funcionarios salientes habían elaborado originalmente.
Los especialistas recuerdan que los monumentos del siglo XVIII poseen una vulnerabilidad extrema ante cualquier alteración del suelo. Al estar construidos con muros de carga de ladrillo asentados sobre mezclas primitivas de cal y barro, con cimientos superficiales y total ausencia de estructuras de acero, las vibraciones de la maquinaria pesada o las modificaciones de las napas freáticas por subsuelos pueden generar asentamientos diferenciales letales.
Tanto la iglesia como el monasterio cuentan con las máximas protecciones jurídicas del país (Monumento Histórico Nacional y Área de Protección Histórica APH 51 “Catedral al Norte”). Con este nuevo dictamen técnico sobre la mesa de los despachos judiciales, el futuro de la megaobra mormona entra en un terreno de total incertidumbre legal y administrativa.