Figuras como Ricardo Darín y Guillermo Francella lanzaron una campaña de concientización. Advierten que la Justicia no tiene capacidad técnica para perseguir las infracciones.
Figuras como Ricardo Darín y Guillermo Francella lanzaron una campaña de concientización. Advierten que la Justicia no tiene capacidad técnica para perseguir las infracciones.
La Asociación Argentina de Actores ha puesto en marcha un firme pedido de regulación sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) en las producciones audiovisuales.
Acompañados por una fuerte campaña de concientización, artistas de renombre buscan impulsar un debate público crucial sobre los derechos de imagen, el consentimiento digital y la transparencia frente al público espectador.
Ante el avance de tecnologías capaces de replicar con precisión voces, rostros y actuaciones, figuras de la talla de Ricardo Darín, Gustavo Garzón, Marina Bellati, Guillermo Francella, Valentina Bassi y Diego Gentile alzaron la voz.
Lo hicieron bajo un lema unificado que resume su herramienta de subsistencia: “Mi imagen, mis expresiones y mi voz son mis herramientas de trabajo”.
En este contexto, el abogado Lucas Bianco aportó claridad sobre el marco legal vigente. En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, el letrado recordó la importancia del artículo 53 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece la necesidad de un consentimiento previo antes de reproducir o difundir la imagen o voz de una persona.
Respecto a la autoría de estas réplicas, el especialista aclaró: “El hecho de que se utilice inteligencia artificial o no no varía. Respecto de quién es dueño de una versión digital creada con inteligencia artificial, es siempre el creador”.
Asimismo, especificó que el derecho existe desde el momento en que se concibe la obra, de igual manera que un libro o una novela, y que las inscripciones registrales son declarativas; sirven para probar el derecho, no para crearlo.
A pesar de que la legislación nacional está “preparada” para organizar estas cuestiones porque prevé las conductas contrarias a la ley, Bianco encendió las alarmas respecto a la aplicación práctica en el entorno digital.
El letrado fue categórico al afirmar que “el sistema no está preparado para perseguir” la infracción a estas normativas.
La facilidad de acceso a estas tecnologías plantea un escenario de vulnerabilidad para los trabajadores de la cultura, debido a las limitaciones del propio Estado para controlar la piratería de identidad. Al respecto, el abogado concluyó: “En caso de que ocurra un fenómeno multiplicado por la facilidad de acceso a este tipo de conductas, el Poder Judicial no tiene la capacidad operativa ni técnica de perseguir este nuevo desarrollo a escala masiva, y eso es un problema grave que se viene de acá en adelante”.
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