A pocos días de la primera vuelta electoral, ataques atribuidos al ELN en La Guajira y Norte de Santander elevan la tensión de una campaña marcada por amenazas a candidatos y la fragmentación de los grupos ilegales.
A pocos días de la primera vuelta electoral, ataques atribuidos al ELN en La Guajira y Norte de Santander elevan la tensión de una campaña marcada por amenazas a candidatos y la fragmentación de los grupos ilegales.
La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, programada para este próximo domingo, se desarrollará bajo un escenario de orden público complejo en diferentes regiones del país.
El Comité Internacional de la Cruz Roja advirtió que las consecuencias humanitarias alcanzaron el nivel más grave de la última década, un panorama que incide de forma directa en las dinámicas de la campaña electoral para elegir al sucesor del presidente Gustavo Petro.
Un ataque con artefactos explosivos perpetrado la madrugada de este miércoles contra el Batallón de Infantería Mecanizado número 12 Cartagena, ubicado en Riohacha, departamento de La Guajira, dejó un saldo de 12 soldados heridos.
El comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo López, informó que los uniformados presentan afectaciones leves y reciben atención médica especializada, al tiempo que atribuyó la acción criminal a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Paralelamente, otra acción terrorista ejecutada el martes 26 de mayo en el corredor vial entre Cúcuta y Pamplona, en el departamento de Norte de Santander, afectó a una patrulla de la Policía de Tránsito y Transporte. El director de la institución, general William Rincón, confirmó que tres policías resultaron lesionados tras ser atacados con ráfagas de fusil y explosivos por integrantes de la misma organización guerrillera.
Los hechos delictivos se suman a las denuncias de amenazas de muerte formuladas por los tres principales aspirantes a la presidencia: Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.
La carrera por la jefatura de Estado estuvo condicionada desde su origen por el asesinato del senador opositor Miguel Uribe Turbay, ocurrido en agosto del año pasado durante un mitin político en Bogotá.
El mapa de riesgos elaborado por la Misión de Observación Electoral (MOE) identificó factores de peligro por violencia en 339 municipios, de los cuales 126 se encuentran bajo una condición de riesgo extremo.
De acuerdo con las estimaciones de las autoridades recogidas por la Fundación Ideas para la Paz, el próximo mandatario recibirá un territorio con más de 27.000 integrantes de estructuras armadas organizadas y al menos 14 zonas de disputa territorial activa.
Las estrategias para contener el deterioro de la seguridad dividen los proyectos de los candidatos presidenciales que aspiran a asumir el poder el próximo 7 de agosto. El candidato del oficialista Pacto Histórico, Iván Cepeda, propone un modelo preventivo centrado en el desarrollo de oportunidades en las regiones periféricas y el cumplimiento del pacto de paz de 2016.
Por su parte, el aspirante de ultraderecha, Abelardo de la Espriella, y la representante de la derecha tradicional, Paloma Valencia, coinciden en la necesidad de aplicar mecanismos de coerción penal y el fortalecimiento operativo de la Fuerza Pública.
Frente a los cuestionamientos, el presidente Gustavo Petro sostuvo que la tasa de homicidios se mantiene en 26,3 por cada 100.000 habitantes, lo que representa una tendencia a la baja en los indicadores generales de criminalidad.
Sin embargo, analistas locales señalan que la ausencia de control estatal efectivo en zonas abandonadas por las antiguas FARC facilitó la expansión de pequeños núcleos criminales enfocados en la economía ilegal.
Encabezados por Fatpren, los trabajadores se movilizarán este jueves para reclamar el tratamiento del proyecto que moderniza la ley. Denuncian que la Comisión de Trabajo del Senado está paralizada y advierten que la vigencia de la norma actual vence a fin de año.
El exdefensor de la Selección Argentina afronta un proceso por “defraudación de fluido eléctrico” tras la denuncia de un vecino. La Fiscalía exige diez meses de multa, mientras que el jugador asegura que la conexión irregular es previa a la compra del inmueble.
El fiscal Fabián Martínez pidió información a organismos públicos para saber si el senador brasileño tenía algún impedimento para entrar al país. Investiga una denuncia de la diputada Marcela Pagano, que pidió preservar las cámaras y los registros de vuelo.
Imputado por lavado en el escándalo de la ANDIS, el operador financiero es señalado como el verdadero administrador del jet que sacó de Argentina al dirigente brasileño. Sus históricos nexos con el financista detenido Fred Machado y la caída política de José Luis Espert
Un grupo encabezado por Martín Romeo pidió anular el dictamen del fiscal Taiano y reabrir la investigación. Sostienen que 74 billeteras compraron el token segundos antes del posteo presidencial. Es la segunda apelación contra el fallo que sobreseyó a Javier y Karina Milei.
La senadora libertaria afirmó que en Brasil “la gente decide en las urnas y su voluntad se respeta”, mientras Milei sigue sin pronunciarse. A la vez, cuestionó el uso de “una Justicia no imparcial” contra Flávio Bolsonaro.
Sergio “Bebe” Di Vanni recibió una pena de 7 años y 6 meses de prisión. Fue el encargado de orquestar una balacera en el country de la familia del futbolista y de dejar una cabeza de chancho con una bala en la inmobiliaria de su hermana.
Las precipitaciones inusuales para la primavera generaron anegamientos en los cañaverales del centro y sur de la provincia, frenando el ingreso de maquinarias y obligando a extender la molienda hasta diciembre.
