El presunto entramado de desvíos de fondos y blanqueo de capitales que salpica a diversas instituciones deportivas entró en una fase de definiciones procesales en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora. Durante las últimas audiencias, la mayoría de los colaboradores de la firma crediticia investigada optó por ejercer su prerrogativa constitucional de no testificar ante el juez Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona. El único involucrado que rompió el mutismo fue el conductor de la organización, Maximiliano Ariel Vallejo, quien se limitó a presentar un descargo por escrito donde rechazó de manera tajante las acusaciones de administración fraudulenta y lavado de activos que la justicia calcula en más de cien millones de dólares distribuidos a lo largo de un lustro.
El principal implicado catalogó el expediente como un armado con motivaciones periodísticas y justificó su crecimiento patrimonial a través de las ganancias legítimas de su conglomerado empresarial. Con respecto a los divisas incautadas en los procedimientos policiales, argumentó que correspondían a transacciones comerciales convalidadas tras la desregulación del mercado de cambios, mientras que definió sus polémicos vínculos contractuales con el Club Atlético Banfield como simples operaciones de patrocinio y asistencia crediticia tradicional, posicionándose a sí mismo como un damnificado por la falta de pago de la entidad deportiva. Sin embargo, el financista evitó dar explicaciones sobre las transacciones usurarias y los contratos presuntamente simulados con otras instituciones del fútbol de ascenso y la máxima categoría.
El expediente judicial detalla los roles de la estructura familiar y administrativa que habría facilitado la dispersión de los recursos de origen dudoso. Los investigadores ligan a la madre del sospechoso con el manejo de cuentas bancarias millonarias y la titularidad de vehículos de alta gama, al tiempo que señalan a dos hermanas de apellido Sena Argis como responsables de ejercer presidencias ficticias en firmas satélites utilizadas para canalizar la compra de inmuebles en el conurbano bonaerense y ocultar un automóvil importado de extremo valor. Asimismo, la fiscalía imputa a un contador de confianza por fraguar el origen lícito de los fondos y a una asistente personal por coordinar la destrucción nocturna de documentación contable sensible pocas horas antes de que se ejecutaran las órdenes de registro en las oficinas centrales de la compañía.
La atención de los tribunales se trasladará ahora hacia las declaraciones indagatorias de la anterior comisión directiva del Taladro, programadas para la segunda quincena de junio. Las autoridades judiciales citaron formalmente al exmandatario de la institución sureña, Eduardo Spinosa, a quien se le atribuye un rol organizador en la supuesta asociación ilícita, junto con sus colaboradores más cercanos en las áreas de tesorería y vicepresidencia. Las pesquisas se centrarán de igual modo en el funcionamiento de fideicomisos particulares creados bajo la órbita del club, sospechados de haber operado como el canal definitivo para reciclar los activos desviados. Como medida preventiva, todos los civiles involucrados en el proceso sufrieron el retiro de sus pasaportes y tienen prohibido abandonar sus áreas de residencia sin autorización expresa de los magistrados.