Casación rechazó un planteo de los presuntos presuntos testaferros de Pablo Toviggino para frenar el expediente por lavado de activos que involucra bienes vinculados a la dirigencia del fútbol argentino.
Casación rechazó un planteo de los presuntos presuntos testaferros de Pablo Toviggino para frenar el expediente por lavado de activos que involucra bienes vinculados a la dirigencia del fútbol argentino.
La Cámara Federal de Casación Penal ratificó que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico deberá resolver qué juzgado investigará la compra de una quinta en Pilar.
El tribunal desestimó el recurso extraordinario federal presentado por la defensa de Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, señalados como los titulares de la sociedad dueña del predio.
Los imputados pretendían que la Corte Suprema de Justicia de la Nación interviniera para revertir la anulación del pase del expediente al juzgado federal de Campana. Sin embargo, los camaristas Ángela Ledesma, Javier Carbajo y Mariano Borinsky declararon inadmisible el planteo porque la resolución recurrida no constituye una sentencia definitiva. Tras este fallo, la defensa cuenta con la opción de recurrir de queja de manera directa ante el máximo tribunal.
La disputa penal comenzó el 1 de diciembre de 2023 a raíz de una denuncia promovida por Elisa Carrió, Facundo Del Gaiso y Matías Yofe por presunto lavado de dinero.
El objeto de la investigación es un predio de 105 mil metros cuadrados ubicado en Villa Rosa, partido de Pilar, el cual cuenta con helipuerto, canchas deportivas y un galpón. Durante los procedimientos judiciales se hallaron en el lugar 54 automóviles de colección y caballos árabes.
El expediente judicial avanzó inicialmente bajo la dirección del juez federal Daniel Rafecas, quien luego se declaró incompetente. El caso pasó al fuero penal económico con el magistrado Marcelo Aguinsky, pero un planteo posterior derivó la causa hacia el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, avalado por la Cámara Federal de San Martín bajo el criterio de competencia territorial.
La apelación de los fiscales Carlos Cearras y Mario Villar devolvió el trámite a la Casación, que ordenó resolver la competencia en el fuero penal económico de la Capital Federal.
La hipótesis de la investigación sugiere que los fondos utilizados para adquirir la propiedad de la firma Real Central provienen de desvíos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Los imputados Pantano y Conte, según las constancias judiciales, carecen de la capacidad económica declarada para realizar dicha transacción de forma particular.
Paralelamente, las autoridades judiciales detectaron que los vehículos poseían autorizaciones de manejo a nombre de familiares de Pablo Toviggino, tesorero de la institución deportiva. En el inmueble también se secuestraron pertenencias institucionales y una tarjeta de crédito corporativa de la entidad del fútbol utilizada por Pantano para abonar peajes y gastos corrientes estimados en 50 millones de pesos mensuales.
La definición de la competencia se encuentra ahora en manos de los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio. Mientras tanto, el Juzgado en lo Penal Económico N° 10, donde podría radicarse definitivamente la causa, es subrogado por la jueza María Verónica Straccia, a la espera de la designación de un titular mediante el concurso aprobado por el Consejo de la Magistratura de la Nación.
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