El Indec informó una inflación del 2,1% para mayo. Sin embargo, consultoras privadas advierten que si el Gobierno no hubiera postergado la actualización metodológica basada en el consumo actual, el indicador real se habría elevado al 2,3% mensual.
El Indec informó una inflación del 2,1% para mayo. Sin embargo, consultoras privadas advierten que si el Gobierno no hubiera postergado la actualización metodológica basada en el consumo actual, el indicador real se habría elevado al 2,3% mensual.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) oficializó que la inflación de mayo se ubicó en el 2,1%. Sin embargo, la difusión del indicador reavivó el debate técnico en el mercado financiero debido a la postergación por tiempo indefinido del nuevo Índice de Precios al Consumidor.
El impacto oculto de la postergación estadística:
Brecha mensual: El indicador real habría saltado del 2,1% oficial al 2,3% estimado por las consultoras.
Efecto acumulado: El indicador de los primeros cinco meses del año se elevaría del 14,7% al 16% total.
Cambio metodológico: La nueva canasta reduce el peso de los alimentos y duplica el impacto de las tarifas.
De acuerdo con las estimaciones de firmas macroeconómicas privadas, el costo de vida real fue superior al informado por el Gobierno. Los equipos técnicos advierten que la suspensión de la actualización metodológica alteró de forma significativa la medición de la inflación acumulada en el transcurso del año.
La decisión oficial de congelar la reforma de la canasta estadística provocó en febrero la renuncia de Marco Lavagna al frente del organismo. La intención original era modernizar los parámetros de medición congelados desde el año 2004, adecuando el índice al esquema de consumo actual de la sociedad.
La reforma archivada proponía utilizar los datos de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) de la temporada 2017/2018. Esta radiografía social modificaba la ponderación de las diversas categorías, otorgando mayor protagonismo a los servicios públicos privatizados y a los combustibles.
Con el esquema técnico postergado, el rubro de Vivienda, Agua y Electricidad trepaba del 9,4% al 14,5% de la base total de análisis. Asimismo, la inversión mensual en Transporte escalaba al 14,3% y Comunicaciones al 5,1%, reflejando la alta incidencia de internet en los hogares argentinos.
Por el contrario, la categoría de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas reducía su peso relativo, pasando del 26,9% al 22,7% general. Esta mutación metodológica explica por qué el índice oficial actual tiende a subestimar el impacto de los aumentos en los servicios regulados.
La razón por la cual el índice desactualizado arrojó un número menor radica en que los servicios públicos lideraron las subas de mayo. Los reportes técnicos confirman que los precios regulados avanzaron un 2,4% promedio, impulsados por las tarifas residenciales de luz, gas y agua corriente.
Al mismo tiempo, la división de Comunicaciones encabezó los incrementos sectoriales con un 3,4%, mientras el IPC Núcleo marcó un 1,9%. Al tener menor representatividad estos rubros en la vieja metodología, el verdadero impacto de los tarifazos se diluyó en el promedio general.
Los analistas privados destacan que la brecha acumulada es el dato más preocupante para evaluar la pérdida de poder adquisitivo. Mientras el Indec muestra un incremento del 14,7% entre enero y mayo, los cálculos independientes elevan el costo de vida acumulado hasta casi el 16%.
Esta distorsión en la medición de precios tiene una incidencia directa sobre la calibración de la política macroeconómica. El IPC oficial del Indec es la variable de referencia que utiliza el Banco Central para fijar el ritmo de ajuste mensual de las bandas cambiarias.
Una inflación real más elevada habría generado presiones adicionales, obligando al equipo económico a revisar la velocidad de la devaluación programada. La postergación del índice permite exhibir un sendero de desinflación más rápido, relegando el peso de las correcciones tarifarias pendientes.
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