La Justicia federal dictó la prisión preventiva de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, acusado por el triple femicidio de Florencio Varela. El juez Jorge Rodríguez sumó además nuevas hipótesis de investigación por trata de personas y lavado de activos vinculados al narcotráfico.
a trama criminal que conmovió profundamente al sur del conurbano bonaerense sumó un capítulo judicial decisivo. El Juzgado Federal Número 2 de la localidad de Morón dictó de forma oficial la prisión preventiva de Tony Janzen Valverde Victoriano, un joven de nacionalidad peruana conocido en el submundo delictivo como “Pequeño J”, sindicado como el presunto líder de la banda.
Los ejes de la resolución del juez federal:
Liderazgo acreditado: Al acusado se le atribuye la planificación, captación, traslado y control definitivo de las víctimas.
Múltiples detenidos: La causa penal ya acumula 11 personas tras las rejas bajo estricto control de las fuerzas de seguridad.
Giro en la investigación: El expediente sumó de forma oficial dos líneas de investigación por trata de personas y lavado de dinero.
El origen de este sangriento episodio se remonta de forma exacta al 19 de septiembre de 2025. En aquella trágica jornada, las fuerzas policiales de la provincia de Buenos Aires hallaron los cuerpos sin vida de Morena Verdi, de 20 años; Brenda del Castillo, de 20; y Lara Gutiérrez, de apenas 15, en una casa del barrio Vatteone.
Los peritajes forenses iniciales y las autopsias médicas determinaron de inmediato que las tres adolescentes sufrieron una muerte violenta en el marco de un brutal ajuste de cuentas ligado al narcotráfico. La hipótesis original sostenía que las ejecuciones representaron una venganza directa por la supuesta sustracción de estupefacientes fraccionados para la venta.
Con el correr de los meses y el avance de los testimonios, los investigadores policiales lograron reconstruir de forma minuciosa la compleja red de mandos y la logística operativa montada en Florencio Varela. Las pruebas recolectadas señalaron a Valverde Victoriano como el cerebro encargado de coordinar cada uno de los eslabones de la violencia en el territorio.
El magistrado federal Jorge Rodríguez consideró plenamente acreditado que el imputado participó activamente desde la fase de planificación previa y la logística de captación. Su rol jerárquico abarcaba también el aseguramiento del inmueble que funcionó como sitio de cautiverio y posterior escenario de los brutales femicidios.
La resolución judicial detalla el sometimiento sistemático al que fueron expuestas las víctimas por parte de la organización antes de ser ultimadas. El cuidado extremo con el que se trataron estos datos filiatorios preserva el respeto a las familias de las jóvenes, evitando especulaciones de carácter sensacionalista en el expediente público.
La firma del procesamiento con prisión preventiva dictada este viernes no clausura las pesquisas institucionales, sino que abre de forma simultánea dos complejas líneas de investigación. Los sabuesos de las fuerzas federales analizan si la banda delictiva utilizaba su despliegue territorial para cometer delitos de trata de personas y explotación sexual.
En paralelo, los peritos contables de las fuerzas de seguridad nacional iniciaron un exhaustivo rastreo financiero sobre los bienes patrimoniales de los involucrados. La sospecha principal de los funcionarios radica en que el entramado criminal utilizaba comercios de fachada para el lavado de activos provenientes del comercio de drogas a gran escala.
Hasta el momento, la causa penal mantiene a once personas detenidas en distintos penales federales y provinciales, reflejando la preocupante magnitud de la organización desarticulada. Durante las próximas semanas, la Justicia ordenará el peritaje tecnológico de los teléfonos celulares incautados para consolidar la prueba antes del juicio oral.
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