Por otra parte, un informe de inteligencia de la policía detalló que diversos sectores políticos, activistas estudiantiles de Kiambu y organizaciones civiles de derechos humanos como Haki Africa coordinaron esfuerzos de movilización en condados como Kisumu, Nakuru y Laikipia.
El documento oficial alegó supuestos planes para bloquear autopistas estratégicas y vandalizar oficinas gubernamentales, lo que motivó el despliegue de unidades caninas y oficiales de paisano en las principales calles del país.
Dos años después de las protestas que obligaron al retiro del proyecto fiscal de 2024, el impacto económico persiste en el país africano. Aunque el presidente de la Nación William Ruto promulgó el Proyecto de Ley de Finanzas 2026 afirmando que no se incluyeron nuevos impuestos, la inflación de los alimentos aumentó del 5,6% en 2024 al 9,4 por ciento en mayo de este año.
La cesta básica familiar incrementó su valor respecto al periodo en que iniciaron los reclamos sociales, manteniendo el descontento en los sectores de menores ingresos.
Los actos conmemorativos culminaron con llamados de agrupaciones sociales encaminados a vigilar la conducta policial y el uso excesivo de la fuerza. El panorama político actual plantea interrogantes sobre la capacidad del poder ejecutivo para equilibrar la recaudación fiscal y contener las demandas de una población juvenil afectada por el desempleo y las secuelas físicas de los enfrentamientos de 2024, en un escenario donde las investigaciones de derechos humanos reportaron un saldo histórico de al menos 60 fallecidos.