Rodrigo Paz legaliza la comercialización privada de carburantes ante el severo desabastecimiento

La administración del presidente boliviano Rodrigo Paz promulgó una normativa de trascendencia económica que autoriza de forma permanente a las corporaciones privadas a comprar en el exterior y distribuir combustibles bajo dinámicas de libre mercado. La medida busca descomprimir la crítica escasez de refinados que mantiene semiparalizado al aparato productivo y al sistema de transporte de carga pesada, donde más de dos tercios de la flota se encuentra inactiva realizando extensas esperas en los surtidores. Las terminales terrestres operan con frecuencias disminuidas debido a una interrupción logística que el Poder Ejecutivo atribuye a las prolongadas protestas y cortes de rutas que previamente exigían la dimisión del mandatario.

El nuevo decreto establece una estructura mixta donde la petrolera estatal continuará despachando a valores regulados, desprovistos ya de subvenciones públicas, mientras compite con firmas particulares que fijarán sus tarifas de acuerdo con los costos de origen internacionales. El Ministerio de Hidrocarburos justificó la apertura mercantil como una vía idónea para multiplicar los canales de suministro en las urbes más pobladas del territorio, donde los gremios de transportistas denuncian pérdidas severas de operatividad. Aunque las autoridades rechazan que el desabastecimiento se deba a una insolvencia de las arcas fiscales, evitaron fijar plazos rigurosos para la normalización del servicio, argumentando que el acopio preventivo por parte de la población ha sobredimensionado de manera temporal la demanda habitual.

La libre importación fue recibida con optimismo por las cámaras agropecuarias y ganaderas del llano y el valle, cuyos representantes afirmaron que disponer de insumos a cotizaciones globales resulta preferible a afrontar la parálisis total de las cosechas en curso. Por otra parte, las demoras en el reabastecimiento también responden a la puesta en marcha de rigurosos esquemas de inspección técnica, implementados tras el escándalo por el expendio previo de carburantes de baja calidad que inutilizaron miles de motores. Esta certificación de aptitud formaba parte de las exigencias suscritas por las agrupaciones civiles movilizadas, en un proceso donde la petrolera estatal YPFB asegura haber cubierto ya la mitad de las indemnizaciones financieras destinadas a resarcir a los damnificados.