Un juez bonaerense ordenó el arresto de 15 agentes penitenciarios, entre ellos la jefa del penal de mujeres de Magdalena, por torturas y abusos sexuales contra al menos cuatro internas en junio. La Justicia describe un esquema sistemático de vejaciones.
En la madrugada este martes, el Juzgado de Garantías N° 4 de La Plata, a cargo de Juan Pablo Masi, ordenó la detención de 15 agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense implicados en episodios de tortura y abuso sexual dentro de la Unidad 51 de Magdalena, una cárcel de mujeres.
Los operativos se concretaron en distintas dependencias carcelarias con intervención de la Policía Federal, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia y el propio servicio penitenciario, con el objetivo de asegurar pruebas y poner a los imputados a disposición de la Justicia.
Entre los detenidos hay siete hombres y ocho mujeres. Se encuentran la jefa de Vigilancia y Tratamiento del penal, Daiana Belén Balmaceda, la subjefa del mismo área y la jefa de Requisa, además de personal de Sanidad. Contra Balmaceda, el fiscal Álvaro Garganta formuló imputaciones por coautoría en la violación de una detenida y participación en el abuso de otra, con la calificación de tortura y abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante, agravado por su condición de funcionaria de una fuerza de seguridad.
Los hechos se originaron en la noche del 3 de junio, cuando una pelea entre internas desencadenó una represión en uno de los pabellones de la planta alta. Según la denuncia presentada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y los testimonios recabados por la Justicia, guardiacárceles del Grupo de Intervención ante Emergencias (GIE), algunos encapuchados, ingresaron al sector con gas pimienta, obligaron a las mujeres a desnudarse ante penitenciarios varones y, ante la negativa de algunas, las sacaron a patadas de las celdas.
Una vez esposadas y semidesnudas, las víctimas relataron una sucesión de vejaciones. Les aplicaron gas lacrimógeno en la cara, recibieron golpizas en la cabeza, la espalda y los glúteos, y fueron sometidas a humillaciones de contenido sexual.
En la denuncia se describe que una de las jefas, identificada como Balmaceda, ordenó a una interna que le besara las botas y, ante el rechazo, le rompieron la ropa interior y comenzaron a tocarla en su vagina. También se mencionan prácticas como el submarino húmedo en una pileta y la asfixia con almohadas impregnadas en gas pimienta, conocida como submarino seco.
“Acá es Magdalena, acá no hacen lo que quieren. Que sepan que el penal lo manejamos nosotras”, se la oyó gritar a Balmaceda, según los testimonios que integran el expediente. Otra detenida relató que la misma jefa dijo: “Las quiero a todas ataditas”.
La investigación tomó estado público tras la denuncia de la CPM, que entrevistó a las víctimas y logró ser considerada particular damnificada en el expediente gracias a un fallo de la Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata.
Los jueces subrayaron que los hechos denunciados “trascienden la mera hipótesis de apremios ilegales genérico” y describieron un “esquema sistemático y deliberado de vejaciones, tortura y abuso sexual utilizado como mecanismo de castigo, humillación y sometimiento por parte de las autoridades y agentes de la Unidad Penitenciaria”.
El fiscal Garganta requirió los arrestos tras analizar un documento de 146 páginas y considerar creíbles los relatos de las detenidas, que coincidieron en la descripción de los tormentos.
Entre las pruebas figuran los análisis de la Asesoría Pericial, que revelaron lesiones compatibles con las golpizas denunciadas, y la acusación contra una enfermera por falsear un acta para ocultar las heridas de una de las víctimas.
Luego de horas de represión, en la madrugada del día siguiente tres de las mujeres fueron trasladadas a otras unidades. La que permaneció en la Unidad 51, sin asistencia psicológica, intentó suicidarse, según consignaron las fuentes del caso.
Ante la gravedad de los relatos, el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, firmó la disponibilidad preventiva de los penitenciarios involucrados y removió a la cúpula del penal, mientras Asuntos Internos abrió un sumario propio.
Desde el Gobierno bonaerense remarcaron que las actuaciones se desarrollaron de manera conjunta entre los organismos involucrados y bajo las órdenes de la Justicia. El Servicio Penitenciario Bonaerense y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reafirmaron su compromiso con el “total esclarecimiento” de los hechos, en función del estricto cumplimiento de las normas constitucionales y convencionales.
La causa avanza con 15 penitenciarios detenidos y una descripción judicial que habla de un esquema deliberado de tortura y abuso en la cárcel de mujeres de Magdalena. Ahora, la Justicia deberá determinar responsabilidades individuales y establecer si estos hechos contaron con tolerancia o conocimiento en niveles superiores del sistema penitenciario bonaerense.
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