Metrogas repartirá $65.000 millones en dividendos mientras mantiene una deuda millonaria con el Estado

Metrogas aprobó el primer reparto de dividendos en 25 años y distribuirá $65.000 millones entre sus accionistas, una decisión que generó cuestionamientos porque la empresa mantiene una deuda de casi el mismo monto con la estatal Energía Argentina (Enarsa) por el suministro de gas durante los últimos años.

La medida fue aprobada por la asamblea de accionistas y se sustenta en la mejora de los resultados financieros de la compañía, impulsados por la recomposición tarifaria y la desregulación del sector energético. Sin embargo, el reparto de utilidades llega en un momento particular: la empresa todavía arrastra una deuda consolidada superior a los $67.500 millones con Enarsa y, además, se encuentra en pleno proceso de privatización.

Según los balances de la compañía, el 3 de septiembre de 2025 Metrogas firmó un acuerdo para refinanciar la deuda correspondiente al gas suministrado entre agosto de 2019 y septiembre de 2023. Ese convenio consolidó una obligación por $67.557 millones, incluyendo intereses e impuestos devengados hasta julio de 2025.

La coincidencia entre el monto de la deuda y el dinero que ahora se distribuirá entre los accionistas despertó fuertes críticas dentro del sector energético. Especialistas consideran que resulta llamativo que una empresa de servicios públicos decida girar utilidades mientras mantiene vigente un plan de pagos con una compañía estatal.

El acuerdo firmado con Enarsa estableció que la mitad de la deuda sería cancelada mediante un préstamo sindicado, mientras que el 50% restante quedó refinanciado en nueve cuotas trimestrales con vencimientos que se extenderán hasta noviembre de 2027. Durante todo ese período, el saldo pendiente continúa generando intereses calculados sobre la tasa TAMAR más un margen adicional del 8,15% anual.

El reparto de dividendos también coincide con la venta de Metrogas, una operación impulsada por el Gobierno nacional a través de YPF. La petrolera estatal controla indirectamente la distribuidora mediante Gas Argentino S.A. (GASA) y contrató al Banco Santander para llevar adelante el proceso de desinversión. Para distintos actores del mercado, la distribución de utilidades antes de concretar la operación mejora el atractivo financiero de la empresa para sus accionistas actuales. Sin embargo, también abrió interrogantes sobre el rol que debieron desempeñar los organismos reguladores.

Fuentes del sector sostienen que la Secretaría de Energía y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) deberían haber evaluado previamente la conveniencia de autorizar una distribución de dividendos bajo estas condiciones. Si bien la legislación no prohíbe expresamente este tipo de decisiones, en los servicios públicos suele prevalecer el criterio de garantizar primero el cumplimiento de las obligaciones financieras, la continuidad de las inversiones y la calidad de la prestación antes de distribuir ganancias.

“No es una situación habitual que una distribuidora reparta utilidades mientras mantiene un acuerdo de pago vigente con Enarsa por una deuda de semejante magnitud”, señalaron fuentes vinculadas al sector energético.

La operación de venta de Metrogas también atraviesa un escenario competitivo más reducido. En las últimas semanas, el grupo Neuss decidió retirarse del proceso, por lo que entre los principales interesados permanecen los empresarios José Luis Manzano, Manuel Santos Uribelarrea y Alberto Pierri.

Al mismo tiempo, existen diferencias jurídicas respecto de la necesidad de desprenderse de la distribuidora. Aunque en el mercado suele afirmarse que YPF está obligada a vender Metrogas por las incompatibilidades previstas en la Ley del Gas, distintos especialistas sostienen que esa interpretación no es concluyente. Recuerdan que la Resolución I-2566/2013 del Enargas, que autorizó la adquisición del control de Gas Argentino S.A. por parte de YPF, continúa vigente y nunca fue anulada judicialmente. Tampoco existe una sentencia firme que obligue a la petrolera a desprenderse de su participación accionaria.

En ese contexto, diversos analistas consideran que la venta responde principalmente a una decisión política y empresaria, más que a una obligación legal inmediata. Mientras el proceso de privatización avanza, los accionistas cobrarán el primer dividendo desde 2001, al mismo tiempo que la empresa continúa cancelando, en cuotas y con intereses, una deuda con el Estado cuyo monto resulta prácticamente idéntico al de las utilidades que ahora serán distribuidas.