Un intento de compra de 200.000 hectáreas en La Rioja, que incluía una comunidad, escuelas y reservas de agua, se convirtió en uno de los antecedentes más citados de la legislación que el Gobierno busca modificar. El debate vuelve a poner en discusión los límites a la propiedad extranjera sobre tierras rurales.
La discusión sobre la reforma de la Ley de Tierras volvió al centro de la agenda política, pero detrás del debate legislativo existe un caso que cambió para siempre la forma en que Argentina reguló la compra de campos por parte de extranjeros. Se trata de la frustrada adquisición de unas 200.000 hectáreas en la provincia de La Rioja, una operación realizada en 2008 que desató un escándalo nacional y terminó influyendo en la sanción de la Ley 26.737.
Ahora, mientras el Gobierno de Javier Milei impulsa la derogación de esas restricciones mediante el proyecto de “inviolabilidad de la propiedad privada”, aquel episodio vuelve a ser citado como uno de los principales argumentos de quienes defienden los límites a la extranjerización de la tierra.
El caso tuvo como protagonista al empresario estadounidense Yosef Jaime Libersohn, quien adquirió un extenso territorio en la zona de Valle Hermoso, en La Rioja.
Lo que inicialmente parecía una compraventa rural terminó generando una fuerte controversia cuando trascendió que la operación comprendía no solo campos productivos, sino también un pueblo, viviendas, escuelas, tierras fiscales y una importante reserva de agua dulce, además de áreas con potencial agrícola y minero.
La magnitud del negocio provocó un fuerte impacto político y mediático. Posteriormente, Libersohn denunció presuntas irregularidades y aseguró que funcionarios provinciales le habían solicitado sobornos para validar la operación, acusaciones que derivaron en presentaciones judiciales que finalmente no prosperaron.
La difusión del caso a nivel nacional llevó al Ministerio del Interior a intervenir en el expediente y suspender el proceso de compra mientras se investigaban las condiciones en las que se había realizado la transacción.
El episodio dejó instalada una pregunta que todavía sigue vigente: hasta dónde puede llegar la adquisición de tierras estratégicas por parte de capitales extranjeros.
Tres años después, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner envió al Congreso el proyecto que dio origen a la Ley 26.737.
La iniciativa estableció que las personas físicas o jurídicas extranjeras no pueden superar el 15% de la titularidad de las tierras rurales del país ni de cada provincia, además de fijar límites de superficie y prohibir la compra de terrenos que contengan o limiten con cuerpos de agua considerados estratégicos.
La norma surgió en un contexto internacional marcado por la crisis financiera de 2008, cuando numerosos fondos de inversión comenzaron a adquirir grandes extensiones de tierras agrícolas en distintos países como forma de resguardar capital.
Según explicó en distintas oportunidades el exministro de Agricultura Julián Domínguez, ese fenómeno, conocido como land grabbing o acaparamiento de tierras, impulsó al Estado argentino a diseñar un marco regulatorio para preservar recursos considerados estratégicos.
Quince años después de aquella ley, el Gobierno nacional busca modificar ese esquema mediante un proyecto que elimina las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros.
La propuesta, impulsada por el Ministerio de Desregulación, también incorpora cambios en otras normas vinculadas al manejo del fuego y a los procedimientos sobre la propiedad privada.
Durante el debate parlamentario, el antecedente de Valle Hermoso volvió a aparecer como uno de los principales ejes de discusión. El senador riojano Fernando Rejal recordó aquel intento de venta al cuestionar la iniciativa oficial y sostuvo que la experiencia demostró la necesidad de establecer límites sobre recursos considerados sensibles.
El legislador planteó que la regulación vigente busca resguardar no solo la propiedad rural, sino también aspectos vinculados a la soberanía territorial y al acceso a bienes estratégicos como el agua.
Mientras tanto, el oficialismo sostiene que la normativa actual desalienta inversiones y limita el desarrollo productivo, por lo que considera necesario flexibilizar las condiciones de acceso a la tierra.
Más allá de las diferencias políticas, el caso de Valle Hermoso continúa siendo uno de los antecedentes más emblemáticos cuando se discute quién puede comprar tierras en la Argentina y cuáles son los límites que debe fijar el Estado para proteger recursos considerados estratégicos.
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