El Gobierno ratificó pagos a las universidades ante el paro nacional

Capital Humano confirmó transferencias millonarias a universidades y centros de salud en la antesala de la huelga convocada por gremios docentes y no docentes. La cartera consideró la medida ilegítima, mientras los sindicatos exigen aplicar la ley de financiamiento.

Universidades argentinas denuncian que el Presupuesto 2026
El Gobierno tilda de ilegítimo el paro universitario. Foto: Web.

Transferencias oficiales y ejecuciones presupuestarias

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, ratificó el cumplimiento de las transferencias presupuestarias y los incrementos salariales destinados a las universidades públicas.

La precisión oficial se difundió en las vísperas del paro nacional de 24 horas convocado para el miércoles 12 de agosto por la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Federación Argentina de Gremios Docentes Universitarios Tecnológicos (FAGDUT) y la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN).

La cartera a cargo de la ministra Sandra Pettovello calificó la huelga como una acción de carácter político. Desde el Ejecutivo nacional afirmaron que el Estado dio estricto cumplimiento al acta paritaria firmada el diez de junio con los representantes sindicales y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la cual fijó una actualización salarial del 24,33% distribuida en dos tramos.

Para fundamentar la postura oficial, la cartera detalló las partidas transferidas. Mediante la Resolución N.° 430/26, el Gobierno asignó $666.823.011.021 para haberes de junio y el Sueldo Anual Complementario.

A su vez, la Resolución N.° 478/26 otorgó $448.544.808.500 para los salarios de julio. En relación con los hospitales universitarios, la Universidad de Buenos Aires (UBA) recibió $20.000.000.000 por la Resolución N.° 420/26 y mantiene en trámite administrativo una cifra idéntica. Por su parte, la Universidad Nacional de Cuyo dispuso de $2.259.960.000, mientras se procesan partidas para las universidades nacionales de Córdoba y La Rioja.

El reclamo sindical por la legislación vigente

Pese a los datos presentados por el Ministerio de Capital Humano, las organizaciones gremiales ratificaron la medida de fuerza e insistieron en la aplicación integral de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario.

La Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA), espacio alineado a Conadu Histórica que no suscribió el acta de junio, señaló que persiste un desfasaje del 28,5% para alcanzar la equiparación salarial prevista en la norma, además de requerir el pago retroactivo desde octubre de 2025.

El secretario general de FEDUN, Daniel Ricci, manifestó que el sector rechazará el esquema salarial vigente. A la par del reclamo por los haberes, las dirigencias sindicales denunciaron demoras en la asignación del 20% en concepto de gastos de funcionamiento y partidas para becas estudiantiles.

En tanto, las autoridades de la UBA decidieron mantener los edificios abiertos. El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, explicó que la actividad efectiva dependerá de la decisión de cada docente y no docente.

Agenda de protestas y próximas instancias

El desacuerdo mantendrá la tensión en las semanas siguientes. La entidad Conadu Histórica convocó a un paro nacional universitario de cinco días entre el 18 y el 22 de agosto. En paralelo, el Frente Sindical programó una jornada de visibilización para el 19 de agosto, fecha en que se cumplirán 300 días de la sanción de la ley de financiamiento.

El Ministerio de Capital Humano citó a la mesa paritaria para el martes 1° de septiembre. En tanto, las rectoras y rectores discutirán la proyección del presupuesto universitario 2027 durante el 96° Plenario del CIN en Bariloche, fijado para el 4 de septiembre.

Con las citaciones formales previstas para septiembre y un calendario de huelgas confirmado, la disputa presupuestaria mantendrá su centralidad en la agenda institucional. ¿Lograrán las partes articular el cumplimiento de los acuerdos firmados con las exigencias impuestas por la legislación aprobada en el Congreso?

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