El Ministerio de Seguridad amplió su programa de inhabilitación de teléfonos móviles a los establecimientos penitenciarios de todo el país. Las jurisdicciones podrán adherirse voluntariamente para reportar equipos y frenar delitos intramuros.
El Ministerio de Seguridad amplió su programa de inhabilitación de teléfonos móviles a los establecimientos penitenciarios de todo el país. Las jurisdicciones podrán adherirse voluntariamente para reportar equipos y frenar delitos intramuros.
El Gobierno nacional puso en marcha un ambicioso programa de seguridad enfocado en los establecimientos carcelarios. La iniciativa busca evitar sistemáticamente que los internos utilicen teléfonos celulares para planificar y coordinar maniobras ilícitas desde el interior.
Los detalles del nuevo programa penitenciario:
La normativa: La medida fue oficializada hoy mediante la publicación de la Resolución 806/2026.
La modalidad: Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires podrán adherirse de forma voluntaria al sistema.
El bloqueo: Se identificarán los códigos IMEI, las tarjetas SIM y los números telefónicos para su inhabilitación.
El Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich, anunció el Programa para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI en Establecimientos Penitenciarios. Esta flamante resolución busca ampliar directamente hacia las cárceles provinciales un mecanismo tecnológico que ya funcionaba a nivel federal.
Una vez detectados dentro de las áreas de acceso restringido, los datos telefónicos serán enviados a las empresas prestadoras del servicio de telecomunicaciones. De esta manera ágil y centralizada, las autoridades intervinientes solicitarán que procedan al bloqueo correspondiente de cada línea reportada.
Para todas aquellas jurisdicciones locales que decidan adherirse, el Ministerio de Seguridad Nacional funcionará como una ventanilla única frente a las empresas. El esquema se apoya legalmente en la Ley 24.660, que prohíbe estrictamente las comunicaciones por celular dentro del sistema penitenciario argentino.
El circuito cuenta con un manual de procedimiento técnico específico que el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) había aprobado semanas atrás. En ese exhaustivo documento oficial se detallan y reparten las responsabilidades de cada actor institucional interviniente.
Según establece la norma, el ministerio provincial debe identificar los equipos activos y reportarlos a la ventanilla nacional. Por su parte, las operadoras cuentan con un plazo perentorio máximo de 48 horas para confirmar que ejecutaron el bloqueo definitivo de los terminales.
De acuerdo a la nueva reglamentación operativa, las autoridades provinciales por sí solas no podrán ordenar la inhabilitación directa ante las telefónicas. La gestión deberá ser estrictamente canalizada a través del filtro que impondrá el Gobierno nacional en cada caso.
La histórica medida amplía una política de seguridad que la Casa Rosada ya había puesto en marcha exitosamente en el ámbito de su jurisdicción. Previamente, el Ejecutivo había autorizado al Servicio Penitenciario Federal (SPF) a instalar dispositivos de detección de IMEI.
A partir de la oficialización de esta nueva resolución ministerial, el programa busca extender esa misma estrategia a todo el interior del país. El objetivo es tejer una red de contención unificada para frenar la constante organización de delitos desde los distintos penales provinciales.
La compleja implementación operativa de esta normativa estará a cargo exclusivo de la Subsecretaría de Articulación Federal. Este organismo del Estado nacional deberá coordinar el programa con cada una de las jurisdicciones que decidan avanzar con la adhesión formal.
La resolución ministerial firmada hoy también le delega a ese mismo organismo la facultad de rubricar los convenios bilaterales. A través de estos acuerdos marco, las provincias interesadas podrán integrarse definitivamente al sistema de control de telecomunicaciones intramuros.
De esta manera concreta, la administración central intenta brindar una herramienta tecnológica efectiva a los gobiernos locales. La problemática de los teléfonos ingresados de forma clandestina a los pabellones carcelarios representa uno de los mayores desafíos para la seguridad ciudadana actual.
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