Una firma vinculada al consultor Fernando Cerimedo quedó bajo la mira por irregularidades operativas en la Hidrovía del Paraná. La empresa, reconvertida desde una guardería náutica, presta servicios de combustible sin infraestructura ni habilitaciones municipales definitivas.
Un predio de escasa infraestructura ubicado en Puerto General San Martín, que anteriormente funcionaba como un modesto depósito de embarcaciones náuticas, quedó bajo la mirada de los investigadores tras su conversión en una empresa proveedora de insumos energéticos para barcazas. La firma bajo sospecha, identificada como Sanabria SRL, desarrolla tareas de reabastecimiento en un punto geográfico estratégico del polo agroexportador del Departamento San Lorenzo, careciendo de la habilitación municipal definitiva y operando únicamente mediante permisos precarios otorgados por las autoridades de control de la navegación.
El predio ha despertado suspicacias en el sector comercial y logístico debido a la falta de inversiones visibles para el acopio de hidrocarburos. Esta situación cobra relevancia en un corredor de alta circulación de carga internacional que, paralelamente, suele ser monitoreado por las fuerzas de seguridad ante maniobras ilícitas de ocultamiento y transporte de sustancias no permitidas con destino al exterior.
La incursión del consultor de comunicación Fernando Cerimedo en la estructura accionaria de la firma se concretó mediante la firma Surlibre Inversiones SA, junto a su socio comercial Vicente Federico Quintanal. La operación de traspaso societario, iniciada en mayo de 2024 y publicada recientemente en el boletín oficial santafesino, vincula a los integrantes del grupo con un entramado de sociedades dedicadas al rubro energético, financiero y de minería con domicilios fijados en la Capital Federal.
El trasfondo administrativo de la empresa cobra especial trascendencia pública debido a la situación procesal de Cerimedo, quien permanece bajo prisión preventiva en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra por una causa de violencia de género grave. Las acusaciones formuladas en el marco de esa causa personal salpicaron el funcionamiento de la red corporativa, señalando presuntas irregularidades en el circuito de adquisición y distribución de combustible entre el mercado local y los países limítrofes.
Tras estar más de 50 horas varados en Brasil por una falla técnica en el avión, 292 pasajeros de Plus Ultra lograron despegar hacia Madrid. Los afectados denunciaron desatención inicial, aunque luego la aerolínea les brindó alojamiento y comida.
El director de la Aduana, José Velis, solicitó una licencia de dos semanas, generando dudas sobre su continuidad. Su gestión enfrenta cuestionamientos por fallas graves en el sistema de videovigilancia y tensiones con el Ministerio de Seguridad por controles.
Una firma vinculada al consultor Fernando Cerimedo quedó bajo la mira por irregularidades operativas en la Hidrovía del Paraná. La empresa, reconvertida desde una guardería náutica, presta servicios de combustible sin infraestructura ni habilitaciones municipales definitivas.
La Cámara de Diputados debate la nueva Carta Orgánica del Banco Central e Inocencia Fiscal II, proyectos clave del Gobierno. Para garantizar el quorum, la conducción del cuerpo sumó propuestas provinciales y enfrentará el debut de un nuevo bloque aliado.
La Justicia investiga a la dirigente sindical Soledad Calle por la compra de un departamento debajo del de Cristina Kirchner. La operación genera sospechas por sus millonarios contratos con la UOM y su vertiginoso incremento patrimonial.
Sergio Massa reapareció en un acto político en Rosario para respaldar al diputado Diego Giuliano. El exministro destacó la importancia de la cohesión interna dentro del peronismo de cara a los próximos desafíos electorales frente al espacio oficialista.
El jefe de la SIDE, Cristian Auguadra, expuso ante la Comisión Bicameral sobre el operativo de seguridad para la visita del Papa León XIV. Además, negó fisuras internas, descartó aprehensiones bajo el nuevo decreto y defendió la central antiterrorista.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, rechazó acatar un fallo judicial que ordena comprar carne roja para los reclusos. Torres tildó la medida de irracional, criticó al garantismo judicial y defendió priorizar los recursos públicos en los ciudadanos.
