Con el acuerdo de bloques aliados, el Senado logró dictaminar este jueves la reforma de la Ley de Salud Mental. La iniciativa modifica los criterios de internación involuntaria ante riesgos graves y suma las adicciones a las apuestas digitales.
Con el acuerdo de bloques aliados, el Senado logró dictaminar este jueves la reforma de la Ley de Salud Mental. La iniciativa modifica los criterios de internación involuntaria ante riesgos graves y suma las adicciones a las apuestas digitales.
Plenario de las comisiones de Salud y Legislación General del Senado alcanzó este jueves los respaldos necesarios para llevar al recinto la reforma de la Ley de Salud Mental N.º 26.657.
El dictamen de mayoría contó con el consenso de La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical, el PRO y bloques provinciales de Misiones y Santa Cruz, tras incluir correcciones al texto enviado por el Poder Ejecutivo en mayo.
Entre las modificaciones centrales figura la redefinición de los criterios de internación involuntaria. La iniciativa habilita esta medida “ante riesgo grave de daño para la vida o la integridad física propia o de terceros”. La determinación podrá ser tomada de forma inicial por un médico en casos de emergencia, con la obligación de recibir la revalidación de un equipo interdisciplinario en un plazo de 48 horas.
Paralelamente, el proyecto amplía el alcance del sistema de salud al incorporar a las adicciones sin sustancia, como la ludopatía, dentro de los cuadros abordables. Asimismo, prohíbe explícitamente la creación de nuevos manicomios y exige que la atención de menores de edad sea efectuada por equipos infanto-juveniles en espacios diferenciados de los adultos.
Durante la discusión legislativa, la presidenta de la Comisión de Salud, la senadora Ivana Arrascaeta, destacó la labor previa de consulta con sectores especializados. “Esta reforma no se construyó de espaldas a la sociedad, sino con las provincias y los senadores, tuvimos 16 informes de provincias y no podemos seguir esperando que la situación se agrave”, afirmó la legisladora. Sobre el sentido de la iniciativa, Arrascaeta agregó: “Esta reforma es para dejar de llegar tarde y para que ninguna familia se sienta sola”.
Asimismo, la senadora oficialista, Patricia Bullrich, defendió la actualización normativa argumentando la necesidad de intervenir a tiempo en casos de vulnerabilidad severa. “Acá estamos cambiando un concepto respecto a qué sucede con personas con trastornos de salud mental que no están en condiciones de tomar decisiones, con situaciones de riesgo para ellas o terceras personas”, expresó.
Bullrich remarcó que “hay una concepción mucho más preventiva, un cambio de paradigma para salvar la vida de personas con trastornos severos; es un avance respecto a la concepción del riesgo inminente que generalmente llega tarde”.
Por su parte, la oposición y bloques aliados plantearon reservas respecto a la sostenibilidad económica y los recursos humanos requeridos para aplicar los cambios. El senador por el bloque Justicialista, Jorge Capitanich, advirtió que la iniciativa “requiere un amplísimo consenso de los gobernadores y los ministros de Salud de cada área, de la capacidad de financiamiento y también remarcar el nivel de asignación de recursos humanos, para una problemática compleja”.
En similar sentido se expresó el senador Carlos Arce, de Movimiento por Misiones, quien respaldó el despacho pero advirtió sobre las partidas provinciales: “Falta un financiamiento que no está expresado en este proyecto. Tiene que ser muy preciso el financiamiento nacional, para que se traduzca en partidas presupuestarias identificables”.
Posteriormente a la firma del despacho, el oficialismo busca incluir el tratamiento del proyecto en el temario antes del cierre de las sesiones ordinarias fijado para el 30 de noviembre.
El texto final contempla también el derecho de los pacientes a dejar directivas anticipadas sobre sus tratamientos y establece límites precisos para las notificaciones a familiares directos.
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