Mediante un decreto firmado este miércoles en México, la presidenta Claudia Sheinbaum dio 30 días a las redes sociales para retirar contenidos de acoso y violencia dirigidos a menores, bajo la advertencia de impulsar sanciones por ley.
Mediante un decreto firmado este miércoles en México, la presidenta Claudia Sheinbaum dio 30 días a las redes sociales para retirar contenidos de acoso y violencia dirigidos a menores, bajo la advertencia de impulsar sanciones por ley.
La presidenta de la Nación, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó el Decreto de entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes. La medida obliga a las plataformas tecnológicas a retirar de manera inmediata publicaciones vinculadas con acoso, violencia escolar, explotación sexual, discursos de odio y conductas ilícitas que se encuentren al alcance de menores de 18 años.
El documento, sustentado en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), otorga un plazo de 30 días naturales para que las empresas adecuen sus sistemas. Durante la conferencia matutina del 14 de octubre, la mandataria federal detalló el alcance de la disposición frente a las firmas tecnológicas.
“Decreto que obliga a las plataformas digitales a retirar cualquier contenido que tenga que ver con violencia, acoso, abuso sexual, en el caso de cuentas de niñas, niños y adolescentes, y tienen que desarrollar todo lo necesario para que así sea”, afirmó la titular del Ejecutivo.
Las empresas convocadas por el gobierno, entre las que figuran Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google, X y Huawei, deberán implementar mecanismos de verificación de edad que no se limiten a la autodeclaración. Asimismo, las cuentas de menores de edad deberán incluir configuraciones de seguridad restringidas de forma nativa.
Paralelamente, el decreto exige designar un punto de contacto especializado disponible las 24 horas para responder a la Guardia Nacional y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), además de conservar evidencia digital por al menos 90 días hábiles. La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, destacó la postura de las compañías durante las reuniones previas.
“Reconocer la actitud de todas las plataformas que lejos de demostrar resistencia, entendieron perfectamente la necesidad del instrumento de esta naturaleza”, sostuvo la funcionaria federal.
No obstante, la presidenta advirtió que el esquema actual de autorregulación guiada podría cambiar si las tecnológicas no cumplen con los ajustes solicitados dentro del periodo establecido.
“Las plataformas estuvieron de acuerdo. Lo único que pidieron fue un mes para poder preparar sus plataformas, para que esto sea una realidad y le vamos a dar seguimiento con la Agencia de Transformación Digital, si vemos que no se está cumpliendo entonces pasaríamos a una ley que también implicaría sanciones a las plataformas”, remarcó Sheinbaum Pardo.
A pesar del acuerdo anunciado por las autoridades, especialistas en derechos digitales expresaron preocupación por la vía del decreto para ordenar la retirada de publicaciones sin la intervención de un juez. Vladimir Chorny, investigador de la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), señaló las limitaciones constitucionales de este procedimiento.
“No es una decisión que se pueda tomar en una reunión a puerta cerrada, ni es algo que se pueda simplemente decretar”, advirtió el especialista legal.
Chorny sostuvo que la solución de fondo requiere un debate público y reformas legislativas dirigidas a la estructura misma de los servicios digitales.
“Creo que la única manera de proteger verdaderamente a los niños y adolescentes es fortaleciendo su autonomía para que puedan distinguir qué contenido les afecta y cuál no. Y la única forma de lograrlo es combatiendo los diseños adictivos y los modelos de negocio de las grandes plataformas que los explotan para obtener beneficios económicos”, concluyó el investigador.
El gobierno mantendrá el seguimiento técnico a través de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Frente a la encrucijada entre la seguridad de los menores y las garantías constitucionales, la efectividad del modelo de supervisión voluntaria plantea interrogantes sobre los límites de la regulación estatal en las plataformas globales.
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