Keiko Fujimori pide facultades para legislar por decreto ante la crisis de seguridad

La presidenta Keiko Fujimori solicitó facultades al Congreso para legislar por decreto durante 120 días ante el avance de la delincuencia. La iniciativa busca catalogar bandas como terroristas y ampliar la intervención militar tras graves episodios violentos.

Keiko Fujimori. Foto: Web.

Cumplido un mes de gestión, la administración de Keiko Fujimori remitió al Poder Legislativo un requerimiento formal para asumir facultades extraordinarias durante cuatro meses en 66 áreas temáticas. El pedido gubernamental procura dictar normas directas que van desde el fuero económico y financiero hasta la seguridad nacional. La propuesta central busca catalogar como organizaciones terroristas a las bandas delictivas, otorgar mayores atribuciones a las Fuerzas Armadas en los penales y restablecer la capacidad operativa del servicio de inteligencia, además de promover modificaciones tributarias y ambientales.

El primer ministro Luis Galarreta y los titulares de las carteras de Defensa y Justicia fundamentaron la urgencia del trámite aduciendo que la capacidad de respuesta estatal requiere instrumentos excepcionales para desarticular mafias y contener el hacinamiento en los centros penitenciarios.

La iniciativa gubernamental coincide con una ola de ataques violentos que azota distintas regiones del país. En el puerto del Callao se registró la presencia de artefactos explosivos frente a sedes judiciales, al tiempo que en la libertad se concretó un golpe perpetrado por delincuentes con indumentaria oficial contra un empresario minero, hecho que derivó en homicidios y posterior rescate por parte de las fuerzas del orden.

Frente al deterioro del orden público, las autoridades establecieron el estado de excepción en la capital y áreas metropolitanas colindantes. No obstante, las medidas de contingencia implementadas hasta la fecha no han logrado frenar los episodios de sicariato y extorsión, mientras el Congreso evalúa si cederá al Ejecutivo las competencias solicitadas para modificar la legislación vigente.

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