Sancionarán a otras 15 empresas petroleras en Malvinas

El Gobierno nacional inició sumarios administrativos a 15 ejecutivos y empresas por explorar petróleo en las islas Malvinas sin autorización estatal, medida que profundiza la ofensiva judicial abierta en los tribunales federales bajo la Ley 26.659.

Javier Milei anunció sanciones a petroleras internacionales. Foto: captura.

El Gobierno nacional inició procedimientos sancionatorios contra 15 ejecutivos y empresas por la realización de operaciones petroleras no autorizadas en las islas Malvinas. La medida administrativa se sumó a los 45 expedientes abiertos la semana anterior bajo la Ley 26.659. A través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, el Ejecutivo afirmó: “La República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía“.

Las actuaciones administrativas buscaron sancionar a personas humanas y jurídicas vinculadas al desarrollo del proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. La decisión ocurrió 24 horas después de la presentación de una denuncia penal ante la Cámara Federal porteña.

Esa acción, impulsada por el canciller Pablo Quirno y el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, apuntó contra las firmas Navitas Petroleum, JHI Associates Inc. y Eco Oil & Gas Ltd. “Nadie podrá disponer de sus recursos naturales sin la autorización de nuestro país”, enfatizó el texto oficial.

Alcance de las restricciones legales

La Casa Rosada ratificó que aplicará el artículo 2° de la normativa para inhabilitar a las firmas que actúen en el archipiélago sin permiso estatal. En relación con las alternativas para las empresas petroleras, Javier Milei advirtió en cadena nacional: “Tendrán que elegir entre una apuesta ilegal, en un territorio disputado y una operación rentable y segura en un país soberano con reglas claras y previsibilidad. No se pueden hacer las dos cosas”. Los nombres de los 15 nuevos sumariados se mantuvieron bajo reserva administrativa.

El Gobierno advirtió que “iniciará los sumarios para sancionar a todos los responsables” y que agotará las instancias “administrativas, diplomáticas y jurídicas”. El paquete de medidas incluyó el envío al Congreso de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, normativa que buscará habilitar el juicio en ausencia para empresarios extranjeros y crear un Consejo de Seguridad Nacional. En paralelo, el Poder Ejecutivo instruyó la asignación presupuestaria para construir la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego.

Estrategia diplomática y judicial

Las medidas impulsadas por la administración nacional buscan fijar un precedente sobre la titularidad de los recursos naturales en el Atlántico Sur. Las autoridades argumentan que existe un “trabajo sostenido de identificación” sobre los actores involucrados.

Sin embargo, la efectividad real de estas inhabilitaciones y querellas penales dependerá del nivel de activos o la presencia comercial que las empresas notificadas mantengan dentro del territorio continental argentino.

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